Ley de transparencia: la Administración tendrá un mes para contestarte en qué gasta tu dinero

Era una promesa electoral de Mariano Rajoy y este viernes se da el primer paso para que sea una realidad. El Consejo de Ministros aprueba hoy el anteproyecto de Ley de Transparencia, una norma que prometió el Gobierno socialista pero que finalmente no vio la luz.

Cuando la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno esté aprobada, España dejará de ser el único país de la Unión Europea con más de un millón de habitantes que no cuenta con una norma que regule el derecho de los ciudadanos a acceder a la información pública.

Según anunció la la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría en su primera comparecencia en el Congreso, esta ley contempla la creación del 'Portal Digital de Transparencia'donde los ciudadanos podrán consultar cualquier detalle sobre cómo se gasta el dinero público.

Y si la información requerida no está en la web, se podrá solicitar a la administración competente a través de este portal. Según fuentes gubernamentales, el borrador que maneja el Ejecutivo contempla que las instituciones públicas deberán responder a los ciudadanos en un plazo de 'no más de un mes'.

Aunque este plazo no está cerrado del todo, coincide con lo que el PP plantaba en la proposición de ley que presentó el pasado junio en el Congreso. En este texto, redactado cuando los populares estaban en la oposición, se establecía que el plazo para resolver estas solicitudes de acceso de información se notificarán 'en el plazo máximo de quince días hábiles desde su recepción por el órgano competente' (artículo 21).

Pero si debido a la complejidad o volumen de la información requerida no se puede cumplir ese plazo, 'se podría ampliar por otros quince días' señalaba la propuesta del PP.

Aportaciones de los ciudadanos

Todo apunta a que la ley en la que trabaja el Gobierno respetará estos plazos aunque las mismas fuentes aseguran que como la futura norma se va a abrir a las aportaciones de los ciudadanos, podría sufrir cambios.

Y es que desde el próximo lunes las webs de algunos ministerios y otros organismos públicos darán a conocer el texto del anteproyecto y lo abrirán a las aportaciones de los ciudadanos. Según las mismas fuentes, para ello se colgarán en estas páginas formularios con los que poder hacer propuestas.

La información que deberá estar disponible

Con esta ley los españoles 'podrán saber en qué se gastan el dinero todas las administraciones, conocer todas las subvenciones, contrataciones e ingresos de cada ayuntamiento, comunidad autónoma y del Gobierno, además de permitir que se exijan responsabilidades 'a quien haga mal uso'explicó ayer el presidente Mariano Rajoy.

Según el anteproyecto en el que trabaja el Gobierno, desde este futuro portal de internet podremos conocer desde los sueldos a los gastos de todos los altos cargos del Estado (ministros, secretarios de Estado, subdelegados o directores generales) hasta cuánto cuesta el viaje de un ministro, las personas que lo acompañan o cuántos funcionarios trabajan en un ministerio o una dirección general.

Además, se colgará toda información relacionda con contratos, subvenciones y ayudas públicas o la condonación de créditos.

La vicepresidenta deberá detallar este viernes si como proponían en la iniciativa presentada en el Congreso, se publicará un cuadro comparativo con las ofertas económicas que se presenten a la adjudicación de un contrato público o los criterios de valoración.

La Ley de Transparencia también recogerá límites a este derecho a la información pública: la seguridad nacional, la colisión con otros derechos como el del secreto profesional o la protección de datos personales son algunos de ellos, según fuentes del Gobierno.

Sanciones a los políticos

En cuanto al capítulo del Buen Gobierno, esta ley contempla sanciones y penas de inhabilitación a aquellos políticos que no cumplan con sus obligaciones como gestores de la cosa pública. Son las sanciones que anunció hace dos meses el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.

Así, se castigará a quienes incumplan el objetivo de deficit o se comprometan a gastos sin créditos suficientes para su financiación.