Los condenados por infracciones de Tráfico podrán evitar el ingreso en prisión con trabajos a la comunidad en unos meses

MURCIA, 28 (EUROPA PRESS)

Los ayuntamientos de Lorca, Cartagena y Murcia estudiarán la posibilidad de ofrecer en unos meses Trabajo en Beneficio de la Comunidad (TBC) a aquellos condenados por infracciones de tráfico, lo que evitaría su ingreso en prisión.

Éste ha sido el motivo de la reunión celebrada hoy por el presidente de la Federación de Municipios de la Región de Murcia, Miguel Ángel Cámara; el delegado del Gobierno, Rafael González Tovar; el presidente y el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia, Juan Martínez Moya y Manuel López Bernal, y la subdirectora general de Coordinación Territorial de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, Carmen Archanco.

Se trata de una medida, recogida en el Código Penal, dirigida a infracciones leves, muy frecuentemente relacionadas con delitos contra la seguridad del tráfico. Su imposición requiere el consentimiento del penado y le obliga a prestar su cooperación no retribuida en actividades de utilidad pública, establecida a través de la correspondiente sentencia, con la imposición de un determinado número de jornadas de trabajo.

Y es que cada año se imponen unas 6.500 penas de estas características, de las cuales aproximadamente la mitad están pendientes de articular. En lo que va de año --de enero a mayo-- se han registrado casi 750 expedientes y hay 3.600 pendientes de sentencia para el cumplimiento de la pena en beneficio de la comunidad.

En concreto, estos trabajos son actividades de tipo complementario, no remuneradas, que no sustituyen puestos de trabajo ni compiten en el mercado laboral y deben compaginarse con las obligaciones laborales de quien cumple la medida.

Entre ellas estaría el apoyo a discapacitados físicos y psíquicos, en residencias y albergues, en programas de inserción sociolaboral o de drogodependencias, de búsqueda de empleo; ayuda en comunidades terapéuticas, en eventos deportivos o en campañas de prevención ante el consumo de drogas o alcohol.

La participación en programas de alfabetización o español para extranjeros, o de educación vial, socorrismo o primeros auxilios son otras actuaciones que podrían realizar los penados. Las tareas pueden estar enfocadas al apoyo o asistencia a determinadas víctimas.

El objetivo final es la reeducación y reinserción social, "puesto que se trata de una pena para cumplir en sociedad y con beneficios para la comunidad", explicaron en rueda de prensa.

Con este tipo de trabajos la persona que ha cometido la infracción penal hace algo "provechoso y necesario" y, en lugar de tener una situación pasiva, "se convierte en un trabajador al servicio de otros, dedicando parte de su tiempo a una finalidad de utilidad pública", añadió González Tovar, quien destacó que "además, es una medida igualitaria, pues frente a otras sanciones, como puede ser una multa, las personas que cumplen con estos trabajos no dependen de su capacidad económica".

También, apostilló, "evitan la ruptura con la vida familiar, laboral y social del penado, al tiempo que es ejemplarizante e integradora, por la promoción de valores como la solidaridad, la responsabilidad y el bien común".

El delegado, que destacó que en los últimos años han aumentado de forma significativa las condenas consistentes en estos Trabajos, señaló la importancia de que los Ayuntamientos ofrezcan mayor número de plazas para llevar a cabo estas actividades.

Por una parte los Ayuntamientos se ocuparán de la gestión de los trabajos, asesoramiento, seguimiento y asistencia de los penados, al tiempo que Instituciones Penitenciarias llevarán a cabo funciones de supervisión.

A tal punto, los Ayuntamientos de Murcia, Cartagena y Lorca se han comprometido a elaborar un catálogo de puestos de trabajo para cumplir estas penas en los dos próximos meses. Para tal fin miembros de los consistorios y de los ministerios de Justicia e Interior tienen previsto una reunión la próxima semana.

EL 75%, DELITOS CONTRA SEGURIDAD VIAL

El perfil del infractor es el de una persona normalizada e integrada en la sociedad que suele haber cometido un delito leve relacionado con la seguridad vial o la violencia de género.

De hecho, según explicó la subdirectora general de Coordinación Territorial de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, el 75 por ciento de estas infracciones corresponden a delitos de seguridad vial, la mayoría alcoholemias, y el 25 por ciento restante son casos de hurtos, insultos o amenazas en general o incluso en casos de violencia de género.

Además, añadió, "el 21 por ciento de las personas que cumplen estos trabajos tienen estudios universitarios, la mitad poseen cualificación profesional y más del 70 por ciento están trabajando".