Mayor control sobre las exportaciones de armas, pero sin limitaciones


Letal (mortífero): que ocasiona o puede ocasionar la muerte, según el diccionario de la Real Academia Española. La secretaria de Estado de Comercio, Silvia Iranzo, aseguró en febrero en el Congreso de los Diputados que España no ha autorizado desde 2001 la exportación a Israel “de ningún armamento ni equipo que resultasen letales”.

La explicación de Iranzo se produjo días después de que varias organizaciones no gubernamentales –Amnistía Internacional, Intermón Oxfam, Greenpeace y Fundaciò per la Pau- denunciasen el supuesto incumplimiento por parte del gobierno de la ley de comercio de armas, de diciembre de 2007, que obliga al Gobierno a presentar información detallada sobre las operaciones autorizadas y realizadas, los productos transferidos y el uso final de los mismos. Las asociaciones consideran que España “continúa exportando armas a destinos preocupantes [ponen como ejemplo los casos de Colombia, Marruecos, Pakistán y el ya citado de Israel]” a pesar de la norma.

Lo cierto es que, a falta de pocas semanas para la publicación del informe definitivo de exportaciones de 2008, los datos que reflejan las operaciones realizadas durante el primer semestre de ese año señalan que España autorizó la venta de material de defensa (“productos diseñados para uso militar como instrumento de fuerza en conflictos armados”, según el Ministerio) por valor de 1.622 millones, un 25% más que en todo el año 2006 (1.296) y cerca de los 1.961 millones de todo 2007.

“Indicios racionales”

De la cifra de 2008, casi el 73% correspondió a las licencias para la venta de dos buques de guerra a Australia (920 millones) y otro a Noruega (262). Pero entre las operaciones permitidas también figura la venta de artículos pertenecientes a la categoría cuatro de la relación de material de defensa, que incluye bombas, cohetes, granadas, minas y misiles. Productos de ese tipo se exportaron en el mismo periodo a países como Alemania, Dinamarca, Libia o Indonesia. Marruecos compró a España casi medio millar de “camiones semi-remolque, contraincendios, cisterna y grúa, ambulancias y vehículos todo terreno no blindados” por 47,7 millones, del total de casi 250 millones ingresados, según el informe de la subdirección de comercio exterior de material de defensa.

La decisión de permitir o no la venta de estos productos a un determinado país –la concesión de la licencia- corresponde a una Junta Interministerial que integran miembros de los departamentos de Defensa, Industria, Interior, Exteriores y Economía. Este órgano se encarga evaluar, “con carácter preceptivo y vinculante”, cada una de las solicitudes, pudiendo denegar o suspender aquellas en las que existan “indicios racionales” de que el material “pueda ser empleado en acciones que perturben la paz”.

Mayor transparencia

El reglamento de control de comercio exterior de material de defensa (aprobado en diciembre de 2004 y actualizado cuatro años más tarde) establece que las solicitudes de exportaciones deberán dar suficientes garantías de que “el destino y, en su caso, el uso final” de materiales y productos “estén dentro de los límites de la autorización”.

“Queremos que se pongan todos los controles que haga falta”, explica Mónica Costa, responsable de la campaña Armas bajo control de la ONG Amnistía Internacional. “España sigue exportando a países donde no hay garantías de que se cumplan los derechos humanos y existe el riesgo de que estos productos contribuyan a conflictos internos”. Costa considera que la ley “avanza en ese sentido” pero que “no consigue mejorar la transparencia sobre el tipo de armamento que se exporta”. Mabel González, de Greenpeace, es aún más crítica: “El mayor control es un argumento que no sirve; cualquier tipo de arma es perjudicial en un contexto como el de Israel”, sentencia.