El Gobierno advierte a los alcaldes: colaborar con el referéndum "es delito"


  • El ministro de Justicia asegura que "no podrán decir que no han sido avisados de que no se puede colaborar en organizar un referéndum ilegal".

  • Rafael Catalá ha pedido a la Generalitat que no someta a los funcionarios catalanes a "ninguna tensión" instándoles a que incumplan la ley colaborando en la organización del 1-O.

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Rafael Catalá

Rafael Catalá

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha advertido este sábado a los alcaldes de los municipios catalanes de que colaborar con la celebración del referéndum secesionista que es "ilegal" supone estar "cometiendo un delito" y, por ello, cada uno deberá asumir "sus responsabilidades".

Así lo ha aseverado este sábado en declaraciones a los medios de comunicación en Zaragoza, con motivo de su participación en la 23 Unión Intermunicipal Popular que se celebra desde este viernes en el Palacio de Congresos de la capital aragonesa y en la que imparte la ponencia 'Justicia de Calidad y cercana al ciudadano y al territorio'.

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Catalá ha explicado que todos los alcaldes de Cataluña están recibiendo notificaciones personales "sobre las resoluciones que está adoptando el Tribunal Constitucional, la Fiscalía General del Estado y sabiendo que ese referéndum que pretenden llevar a cabo algunos es ilegal, ha sido declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional y cualquier actitud de colaboración con la realización de un delito tiene responsabilidad penal".

"No podrán decir que no han sido avisados de que no se puede colaborar en organizar un referéndum ilegal", ha señalado, al insistir en que quien tome la decisión de colaborar "con la cesión de locales o de facilitar el censo sabe que está cometiendo un delito y asumirá sus responsabilidades".

El ministro ha observado que lo que está sucediendo en Cataluña es un claro ejercicio de "desobediencia a las sentencias del Tribunal Constitucional, es la aprobación de unas leyes que no respetan las reglas de la democracia ni salvaguardan el interés general de los ciudadanos" y supone "un atentado grave a nuestra democracia".

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No obstante, "por suerte España es una democracia, es un Estado de Derecho, tenemos sistemas de control, nadie está al margen de la ley ni por encima de ella y, por eso, el Gobierno va a garantizar los derechos de todos los españoles y lo va a hacer, como creo que estamos haciendo, con proporcionalidad, con mesura y utilizando toda la fuerza de la democracia, impugnando esas leyes que son inconstitucionales y esos acuerdos que no respetan las reglas de convivencia".

Asimismo, la Fiscalía ya "está ejerciendo sus funciones para garantizar la legalidad y cuando considera que se ha cometido un delito presentar las querellas". En este caso, se han presentado ya dos querellas, una contra los miembros de la Mesa del Parlament "por la desobediencia expresa que han tenido con las sentencias del Tribunal Constitucional", y otra contra los miembros del Gobierno catalán "que han firmado un decreto de convocatoria que también ha sido declarado ya inconstitucional por el Constitucional".

"Todo el peso de la ley"

Catalá ha recalcado que "vivimos en un Estado de Derecho, todos tenemos que respetar las leyes, las sentencias, las que nos gustan más y las que nos gustan menos, esas son las reglas del juego de una democracia y tenemos que estar todos muy seguros de que en España se respetan las normas", ha manifestado, al agregar que "la mayoría de los ciudadanos queremos vivir en libertad y convivencia democrática y quien no respeta las normas sobre ellos cae todo el peso de la ley".

La Fiscalía ha identificado como posibles delitos cometidos el de prevaricación, desobediencia y malversación de fondos y todos ellos "son delitos con penas previstas en el Código Penal y les corresponderá a los tribunales calificar si han concurrido las circunstancias para ver si ese delito se ha cometido e imponer las penas que correspondan", que podrían pasar por una "pena privativa de libertad".

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En este punto, el ministro ha sostenido que "ese es el normal funcionamiento de las instituciones y la Justicia que funciona cada día en España, que la ejercen jueces profesionales e independientes, que trabajan por los derechos de todos y podemos estar muy confiados y muy tranquilos sabiendo que la Justicia va a funcionar, y que quien ha cometido algún delito tendrá que asumir sus responsabilidades".

"No están obligados"

Respecto a la actuación de los funcionarios, Rafael Catalá ha apuntado que en España trabajan más de dos millones de funcionarios "al servicio del ciudadano y del interés general y todos los funcionarios hemos aprendido en nuestra vida a aplicar las leyes e intentar hacer nuestro mejor desempeño para atender a los ciudadanos".

Por tanto, "también en Cataluña todos los funcionarios, los sanitarios, educativos, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los Mossos d'Esquadra, tienen que saber que tienen detrás todo el aval de la ley" y ha recordado que una ley "inconstitucional y suspendida nunca puede generar una obligación para nadie, ni para un funcionario ni para un ciudadano".

"El Gobierno de la Generalitat debería dejar de dividir a la sociedad catalana, debería dejar de estar inspirado por los más radicales, por los antisistema que toman las decisiones en Cataluña y no someter a la población ni a los funcionarios a esta tensión", ha sentenciado Catalá.

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Por su parte, el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, durante su intervención en la mesa de debate 'Una mirada a las ciudades del futuro', ha lamentado que en Cataluña, "siendo una de las regiones punteras de España", haya algunos políticos que "la quieran llevar a lo peor del siglo XIX" y ha dicho tajante que "eso no va a ocurrir".