La edad de acceso a la Guardia Civil se elevará previsiblemente de 30 a 40 años. Así lo han acordado el Grupo Parlamentario Popular y el Socialista, que tienen previsto incluir la medida en la reforma de la Ley de Personal, que estos días se tramita en las Cortes y que será aprobada por el Congreso de los Diputados en primera instancia el próximo martes. La norma irá luego al Senado y volverá a la cámara baja ya después de agosto.
Situar la edad de ingreso al instituto armado hasta los 40 años permitirá que muchas personas más puedan optar a formar parte de la corporación. La iniciativa la planteó el PSOE, que inicialmente solicitaba poner el límite en los 45 años, y ha sido acogida por el PP, que podría sacar la reforma legislativa adelante sin esta y otras concesiones, ya que tiene mayoría absoluta en el Congreso, pero que ha querido consensuar el máximo número de puntos posibles, según afirma el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Conrado Escobar.
El aumento de la edad de acceso se incluirá, por primera vez, en la ley, ya que en la anterior no constaba expresamente, aunque aún debe ser corroborado por varios informes jurídicos, ya que existen diversas interpretaciones sobre este tema a raíz de una reciente sentencia del Tribunal Supremo.
Hace unos días, el consenso entre los dos grupos parlamentarios mayoritarios parecía asegurado en torno a la Ley de Personal de la Guardia Civil. Tanto fuentes populares como socialistas confirmaron a Seguridad y Tribunales queel acuerdo estaba garantizadoprácticamente al 90%. Sin embargo, durante la ponencia, celebrada hoy, previa a la aprobación de la norma, PP y PSOE han puesto en evidencia sus discrepancias en algunos puntos que para los socialistas resultan fundamentales y que los populares no quieren tocar, lo queprovoca quelos primeros hayan decidido no apoyar el texto final que se vote el próximo martes.
Antonio Trevín, portavoz socialista en la Comisión de Interior, admite que "ha habido mejoras" respecto al texto inicial, pero que aún "son insuficientes". "Si no hay cambios, no apoyaremos la ley", sentencia el diputado del PSOE en declaraciones a Seguridad y Tribunales.Puntos innegociables para el PSOE
A pesar del acuerdo en aspectos como la citada elevación de la edad de acceso o la integración de todos los oficiales de promoción interna desde el empleo de teniente (en un primer borrador había que ascender a capitán para poder formar parte de la nueva y única escala de mandos que resulta tras la ley), existen cuatro temas que para los socialistas resultan innegociables.
Se trata, en concreto, de la posibilidad –que el PSOE ve viable y el PP no– de que la norma entre en vigor en 2016 y no en 2017 como indica actualmente el texto. Los populares creen que no hay tiempo material y que además Hacienda no lo admite, ya que la aplicación de la ley conlleva un desembolso económico. Los socialistas, sin embargo, entienden que sí se puede.
El Código de Conducta de los guardias civiles que se prevé aprobar también ha sido un motivo de conflicto, ya que los socialistas no quieren implantarlo en esta norma y los populares consideran que no tienen más remedio que hacerlo porque, si no, tendrá que aplicarse el militar, que es el que prevalece para la Guardia Civil en el caso de que el cuerpo no tenga uno propio. Argumentan, además, desde el PP que este código responde a una orden de la Ley de Carrera Militar de 2007, que establece la obligación de aprobarlo.
Asimismo, el PSOE solicitaba que se reduzca el tiempo que debe pasar para que un alférez –categoría a extinguir tras la nueva ley– pase a ser teniente hasta un máximo de dos años, cuestión no recogida por el PP, que sí ha disminuido el periodo necesario para ascender al resto de empleos de la escala de oficiales. Este tema es importante, sin embargo, para estos profesionales –según explican desde la asociación Unión de Oficiales–, dado que actualmente pueden pasar cinco años para que los funcionarios asciendan y los alféreces no están reconocidos como mandos a efectos retributivos.
Por último, los socialistas solicitaban que se garantizara un número de plazas mínimo para las escalas facultativas de oficiales (los mandos técnicos) con el fin de que estos profesionales vieran atractivo continuar en esa categoría, aunque esté condenada a la extinción, como de hecho se propone –y PP y PSOE están de acuerdo– para la escala de oficiales no facultativos.De cuatro escalas a una
La reforma de la Ley de Personal prevé que las cuatro escalas de oficiales existentes (dos facultativas, una de promoción interna y otra de mandos que salen directamente como jefes de la Academia General Militar) se unan en una sola. Para esto, pone condiciones a todas ellas menos a los oficiales de la Academia General, que serán los únicos que se integran directamente. Estos requisitos, al principio de la tramitación, eran mucho más duros que ahora.
En concreto, los primeros borradores exigían que los oficiales de promoción interna ascendieran a capitán antes de integrarse, lo cual podía alargar el proceso demasiado, según criticaron las asociaciones profesionales y el PSOE. Al final, el PP cedió y los oficiales podrán pasar a formar parte de la nueva escala desde el empleo de teniente, que será el más bajo de la categoría, ya que los alféreces está previsto que desaparezcan.
Además, los oficiales de promoción interna tenían que hacer inicialmente un curso sobre el que pocas características se habían dicho. Finalmente, será mayoritariamente on line y tendrá en cuenta la experiencia, la antigüedad y los estudios previos que haya realizado cada mando. No en vano, una de las cuestiones más conflictivas que pretente ordenar la ley es la relativa a las titulaciones, que deben adecuarse al nuevo espacio de educación europeo, más conocido como Bolonia.
La Ley de Personal ha provocado durante su tramitación parlamentaria la protesta de cientos de oficiales de la Guardia Civil, que han expresado su malestar únicamente a través de las redes sociales, ya que estos funcionarios tienen prohibido por precepto manifestarse públicamente. Sus inquietudes también han sido canalizadas por medio de la Unión de Oficiales de la Guardia Civil, asociación que ya ha anunciado que está estudiando fórmulas para protestar "llamativas" e "imaginativas" que en todo caso respeten el ordenamiento jurídico establecido.
La pasada semana, de hecho, el director de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, se reunión con unos 150 mandos de la corporación –a los que había convocado al margen de las asociaciones profesionales– para abordar las consecuencias que tendrá la norma. Más de una decena de oficiales expresaron en ese encuentro su malestar.
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