Las dos Españas también existen en la renta mínima de inserción

La realidad económica sigue siendo muy dura para muchas familias. Lo demuestra el dato del aumento del número de personas que recibió ayuda para cubrir las necesidades básicas. Los últimos datos disponibles del ministerio de Sanidad en su informe sobre rentas mínimas son del año 2015 donde los titulares de la prestación fueron 323.406 personas. Es un 22% más de perceptores que en el año 2014 (262.613) y un 38% más que en 2011 cuando la renta mínima alcanzó a 233.940 personas. 

En cuanto a los miembros dependientes, éstos alcanzaron la cifra de 466.266 (un 32,23% más que el año anterior), 252.269 fueron mujeres y 213.997 hombres. El número total de perceptores de rentas mínimas de inserción en el año 2015 fue de 789.672 (un 28% más que en 2014), de los que 446.117 son mujeres y 343.555 son hombres. Si comparamos con los datos de 2011 (547.663) el número total ha ascendido un 44%. 

En los últimos años las Comunidades Autónomas han disparado el gasto en este tipo de rentas por culpa de la crisis. En el año 2011 el gasto total ascendió a 843 millones de euros. Cuatro años después, en el año 2015, el gasto ascendió a 1.359 millones de euros, un 61% más. 

A pesar de que el gasto se ha disparado en todas las Comunidades Autónomas parece que sigue siendo insuficiente. Hay un dato preocupante y es que el gasto anual por titular de la prestación ha bajado en los últimos cinco años. En 2011 el gasto anual por titular alcanzaba los 3.764 euros frente a los 3.575 de 2015. Es una caída del 5%.  Diferentes nombres en cada CCAA

Las rentas mínimas de inserción existen en todas las Comunidades Autónomas aunque reciben nombres diferentes. Ingreso mínimo de solidaridad en Andalucía, Salario social básico en Asturias, Renta mínima de inserción en Baleares o Renta Garantizada de Ciudadanía en Castilla y León. 

Estos programas, que reciben diferentes denominaciones y cuentan con distintas formas de acceso, requisitos exigidos, duración o cuantía, según cada administración, tienen el objetivo común de ir dirigidas a personas o familias que carecen de recursos económicos suficientes para cubrir sus necesidades básicas. 

Esta renta de inserción se calcula en base a dos referencias básicas, el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y el IPREM y el El Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) cuyas cuantías para el año 2015 ascendieron a 648,60€ y 532,51€ respectivamente. En Cataluña lo calculan con el Índice de Renta de Suficiencia (IRSC) situado en la actualidad en 664 euros mensuales. Esta Comunidad acaba de anunciar una Renta Garantizada de Ciudadanía y ha ampliado su presupuesto para los próximos años. Cuantía mínima y diferencias entre CCAA

El promedio de la cuantía mínima es de 435,80 €, que es el 67,19% del SMI del año 2015, y la cuantía máxima es de 671,54 €, lo que supone el 103,54% del SMI correspondiente al año 2015. Esta cuantía mínima es la mayor subida neta desde el año 2007 cuando pasó de 375 a 398 euros. En el año 2011 se encontraba en los 422 euros y en los tres años siguientes apenas se movió. Ahora sube un 3,5% desde los 420 euros del 2014. 

Las diferencias por Comunidades Autónomas son significativas. En todas ellas ha aumentado el gasto en rentas mínimas y el número de perceptores. Sin embargo hay cuatro en las que el gasto anual por titular de prestación ha disminuido: Cataluña, Andalucía, Cantabria y la Comunidad Valenciana. A pesar de la caída, Cataluña es la segunda comunidad, solo por detrás de Euskadi con el gasto más alto en rentas mínimas y la segunda también con el gasto anual más alto por prestación. 

Los datos demuestran que hay otra vez dos Españas: norte y sur. El País Vasco es la CCAA que más cantidad dedica a este tipo de rentas dedicando más de un tercio del total (488 millones), seguida de Cataluña (174 millones) y Madrid (121 millones). Por encima de los 100 millones en gasto total también se encuentra Asturias (101 millones). 

Si comparamos lo que gastaban en 2011 con lo que gastan en 2015 vemos como todas las CCAA han subido mucho su gasto, unas mucho más que otras. El gasto medio ha subido un 61% de media pero la gran mayoría de regiones supera ese umbral. Si la media baja es porque las grandes, Andalucía, Madrid, Cataluña y País Vasco están por debajo. 

Por encima del 100%, lo que quiere decir que han doblado su gasto en los últimos cinco años, hay siete Comunidades Autónomas. El caso que más destaca es Extremadura. La región ha multiplicado casi por 24 el esfuerzo en atender a los más necesitados. En 2011 se gastaba 1,4 millones para atender a 1.178 personas. Ahora en 2015 atiende a 11.023 personas y le cuesta 33,4 millones. Es un aumento del 2.285% para atender a un 835% más de personas. 

Le siguen Asturias y Murcia que han aumentado su gasto en un 169%. Castilla y León le sigue muy de cerca con una subida del 163%. Galicia, Aragón y Canarias también superan ese porcentaje. Los que menos aumentan el gasto son Cataluña (2,5%), Cantabria (42%),  Andalucía (44%) País Vasco (49%) y Madrid (61%)

Sólo cinco regiones están por encima de la media en cuantía mínima de la renta, cuatro son del norte peninsular. La cuantía más alta se encuentra en Navarra (648 euros), País Vasco (619 euros) y Aragón (573 euros). Por encima de la media de 435 euros se encuentran Canarias (472 euros) y Asturias (442 euros). Por debajo de la media pero por encima de 400 euros están en este orden se encuentran Baleares (429 euros) Cantabria, Extremadura, Castilla y Léon (las tres con 426 euros).  Cataluña y Andalucía alcanzan los 423 y 402 euros respectivamente. 

Por debajo de 400 se encuentran Galicia y La Rioja (399 euros) y la Comunidad Valenciana (385 euros). Las más bajas están en Murcia (300 euros), Castilla-La Mancha (372 euros) y Madrid (375). Perfil y requisitos

La duración de la prestación suele estar entre 6 y 12 meses, prorrogable en la mayoría de los casos. Hay tres Comunidades Autónomas, Asturias, Castilla y Leon y Madrid, que no fijan plazos temporales en la percepción de la prestación, mientras se mantengan las condiciones de acceso a dicha prestación. Por lo que respecta al apartado de otros complementos a las RMI, éstos existen en 8 de las Comunidades Autónomas y la Ciudad de Ceuta.

Por lo que respecta a las condiciones de acceso a la prestación, la edad mínima suele ser de 25 años; se exige a la unidad de convivencia o familiar un periodo de existencia que suele ser de 6 a 12 meses, mientras que en cuanto al requisito de empadronamiento, hay tres situaciones que suelen ser las más comunes en las Comunidades Autónomas: estar empadronado, llevar 12 o 24 meses empadronado y un tiempo de residencia de 12 a 24 meses.

El informe recoge por primera vez la nacionalidad de los preceptores de los que el 75,7% son españoles y el 24,3% son de nacionalidad extranjera; en lo que se refiere a grupos de riesgo predominan el de familia monoparental y el de personas sin hogar/exclusión social severa. El grupo de edad mayoritario, es el que está entre 35 y 44 años, seguido del que está entre 45 y 54 años.

Es notable la presencia de menores de 18 años, 211.367 en total. Por último en cuanto a estudios de los titulares de la prestación, destacan los grupos de estudios primarios y el de la Eso/Garantía Social.