Sánchez Melgar, el nuevo fiscal general del Estado, entre la doctrina Parot y Botín

Tras el fallecimiento el pasado sábado del fiscal general del Estado, José Manuel Maza, el Gobierno ha designado este lunes a su sustituto, el magistrado Julián Sánchez Melgar (Palencia, 1955). El Ejecutivo sigue así la hoja de ruta continuista que pretendía al escoger a un excompañero de Maza en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

No terminan ahí las similitudes con su predecesor en el cargo. Y es que, como el desaparecido fiscal, Sánchez Melgar se alinea con el sector conservador de la judicatura, algo que a ninguno de los dos les impidió votar en contra de la célebre doctrina Botín, allá por 2007.

Establecida por el Tribunal Supremo en su sentencia 1045/2007, ésta permitió al banquero Emilio Botín librarse de ser juzgado por el caso de las cesiones de crédito comercializadas por el Banco Santander. La doctrina dice que si el fiscal o la acusación particular no acusan a una persona, aunque sí lo haga la acusación popular, ésta no puede ser juzgada.

"El sentido de la ley no cambia porque exista o deje de existir acusación particular en una causa penal", fue la opinión del nuevo fiscal general del Estado sobre la doctrina botín. Una sorpresa al tratarse de una postura más defendida por liberales que por conservadores.

"No puede ser igual asesinar a uno que a 200"

Sin embargo, lo que realmente puso en el foco a Sánchez Melgar fue su papel en la conocida como doctrina Parot. En la Sala Penal del Supremo redactó, en febrero de 2006, la sentencia contra el etarra Henri Parot, autor de 82 asesinatos.

En la sentencia, Sánchez Melgar dictó prolongar la estancia efectiva en prisión de los encarcelados con varias penas, al no permitir que las redenciones se aplicasen sobre la pena acumulada (un máximo de 30 años), sino sobre las penas individuales. En el caso de Parot, estas acumulaban 4.800 años de prisión, por lo que aun con las redenciones superarían el límite.

"No se puede tratar igual al autor de un asesinato que al de 200", defendió Sánchez Melgar en su día sobre una sentencia que años después, en 2013, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos rechazó.

El nuevo fiscal general del Estado es magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo desde enero del año 2000, y alcanzó ese estatus respaldado por los vocales del Consejo General del Poder Judicial propuestos por el Partido Popular. Se licenció en Derecho por la Universidad de Valladolid y consiguió el doctorado en Derecho por la Universidad de La Coruña.

Es miembro de la carrera judicial desde 1983, incorporándose por oposición. Después pasó por la antigua Audiencia Territorial de Barcelona, los juzgados de Santander, y la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria. Posteriormente presidió la Audiencia Provincial de Ávila hasta llegar a la Sala Segunda del Tribunal Supremo.