El abogado Francisco Lucena se introdujo en su coche tras haber repostado 40 euros de gasolina. Cuando arrancó, se percató de que algo fallaba. El indicador del combustible apenas había variado su posición. Él mismo había puesto la gasolina. Había visto cómo los números del surtidor habían contabilizado el movimiento tanto de litros como de precio. Pero el combustible no había entrado en el coche.
En las dependencias de la gasolinera se encontraba un solo empleado. Cuando le informó del problema que había tenido, Francisco quedó estupefacto con la respuesta: “Lo siento. No puedo hacer nada”.
Este incidente animó al despacho de abogados donde trabaja, en la localidad cordobesa de Cabra, a plantear una acción que llevaban tiempo pensando: denunciar a las gasolineras de autoservicio. “Éramos sensibles a este problema desde hace tiempo”, explica a lainformacion.com el titular del bufete, Fernando Osuna. “No sólo por el dinero, sino por el peligro que supone que una persona sin la preparación adecuada trate un material peligroso, como el combustible”."¿Qué hago si no tengo más dinero?"
Fernando Osuna reclama que las gasolineras sean más sensibles a aquellas personas mayores que tienen más dificultades para utilizar los surtidores, así como a muchos discapacitados que no pueden manejar la manguera con facilidad.
Por otro lado, apunta el abogado, “si una persona pone gasolina, paga y luego resulta que el combustible no ha llegado al depósito, ¿qué hace si no puede continuar el viaje? ¿Se tiene que quedar ahí?”.
Aunque existen varias regulaciones al respecto en distintas comunidades autónomas, el bufete Osuna espera que, si prospera su demanda, todas las autonomías obliguen a las gasolineras a disponer de empleados que atiendan a sus clientes en los surtidores.Personal cualificado
La argumentación jurídica fundamental es "tener en cuenta que la gasolina es un material de alto peligro, pues puede provocar incendios o puede explotar". Por ello, considera que "es fundamental contar con un personal cualificado en el conocimiento de este tipo de materiales".
La demanda recoge situaciones de "discriminación" en las que se puede encontrar un minusválido, o una persona mayor que desconozca el funcionamiento de este tipo de sistema. "A mayor abundamiento, en algunos casos el usuario debe pagar en un cajero automático, y después acudir a otro tipo de máquina para servirse combustible, con lo cual la complicación es elevada", advierte el letrado.
En este sentido, detalla que en la Comunidad Valenciana existe "una norma reguladora de esta cuestión que lleva vigente desde el mes de enero de 2016", a lo que añade que la Asamblea de Madrid ha aprobado "una normativa que obligará a todas las estaciones de servicio a contar con, al menos, un empleado que sirva combustible".
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