Un informe de Aerte achaca responsabilidad patrimonial a las administraciones por cómo aplican la ley

VALENCIA, 24 (EUROPA PRESS)

Un informe jurídico elaborado por la Asociación Empresarial de Servicios a Personas en Situación de Dependencia en la Comunitat Valenciana (Aerte) considera que las administraciones públicas tienen responsabilidad patrimonial, e incluso contable, por su "incorrecta" aplicación de la Ley de la Dependencia, según informaron hoy en un comunicado fuentes de la entidad.

El informe elaborado por el despacho Uría Menéndez sobre la "incorrecta implantación de la Ley de la Dependencia" concluye que se "incumple el texto legal que prioriza recursos profesionales frente a cuidadores informales o familiares", lo que supone "la ilegalidad e la actividad administrativa y su posible revisión en vía administrativa o jurisdiccional".

Esto significa, según dijo el presidente de la patronal autonómica, Alberto Giménez, que "puede existir responsabilidad patrimonial de la administración en casos de daños producidos por el funcionamiento del servicio público de la atención a la dependencia en el momento de la adopción del Programa Individual de Atención (PIA) o posteriormente".

Además, añadió que esa responsabilidad patrimonial "puede ser también contable, ya que es la autoridad quien condede prestación económica, puesto que supone una resolución de disposición de fondos públicos en contravención franca de la ley y con negligencia grave".

Giménez explicó que "ni la ley vigente, ni las normativas autonómicas, establecen un derecho de opción para las personas en situación de dependencia entre la recepción de prestaciones de servicio profesionales y la recepción de prestaciones económicas para el apoyo informal por familiares o personas del entorno beneficiario"

De hecho, aclaró, "la decisión corresponde a las administraciones, que son quienes deben resolver en función del catálogo de servicios establecidos, y subsidiariamente, de manera excepcional, de no ser posible la prestación de servicios, mediante el reconocimiento de una prestación económica para el cuidado del dependiente por sus familiares o personas de su entorno"

En este sentido, el presidente de Aerte exigió que la administración debe "cumplir la ley, sin que ésta pueda quedar a expensas de la voluntad de un particular, ni mucho menos, amparándose en ella". Así, censuró que "una cosa es consensuar con el usuario la prestación y otra muy distinta incumplir la norma vigente".

El presidente de la patronal recordó que la norma vigente indica que el beneficiario "podrá, excepcionalmente, recibir una prestación económica para ser atendido por cuidadores no profesionales, siempre que se den condiciones adecuadas de convivencia y de habitabilidad de la vivienda", y en esa línea, el informe jurídico determina que debe considerarse "preferente" la atención al dependiente mediante servicios profesionales.

"IMPACTO ECONÓMICO"

Sin embargo, Giménez lamentó que la administración "ha optado por conceder prestaciones económicas a muchos dependientes para que sean atendidos por sus familias, ya que supone un menor coste para las arcas estatatales y autonómicas a corto plazo", pero "no se ha tenido en cuenta el impacto económico real de esta situación, ni la falta de control de la atención prestada, ni los daños que puedan ocasionar a personas en situación de dependencia".

Una de cada tres de las 17.766 prestaciones concedidas en la Comunitat Valenciana a 1 de abril de este año se orienta a cuidadores familiares, con un total de 6.120, frente a las 617 prestaciones económicas vinculadas a servicios concedidos. El resto se trata de prestaciones a dependientes que ya disponían de servicios residenciales o complementarios, según los últimos datos ofrecidos por el Imserso.

El presidente de Aerte recordó que la aprobación de Programas Individuales de Atención en los que no se respete el orden de prioridad establecido tiene como consecuencia "la improcedencia del abono de los fondos públicos en los que consiste la prestación económica a los beneficiarios", ya que esta cuestión "no es solamente administrativa, sino de un adecuada gestión de los fondos públicos".

Por ello, "se puede exigir responsabilidad contable por el uso indebido de los fondos públicos, ya que quien por acción u omisión contraria a la ley originara el menoscabo de los caudales o efectos públicos quedará obligado a la indemnización de los daños y perjuicios causados".

Así, subrayó que "el reconocimiento indebido de prestaciones económicas a los beneficiarios en contra del régimen normativo aplicable, resulta difícilmente justificable desde la perspectiva jurídica y muestra una negligencia grave en el momento de la decisión. Por ello, "si la administración competente no atiende correctamente a las necesidades del beneficiario puede ser declarada responsable de cualquier daño o perjuicio que pueda sufrir la persona dependiente por la indebida asignación de una prestación económica".