Vecinos de Prosperidad se concentrarán todos los sábados del mes para protestar ante la amenaza de desahucio de su local

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

La asociación de vecinos Valle-Inclán, en Prosperidad, se concentrarán todos los sábados del mes de agosto para protestar ante la amenaza, por parte del Gobierno regional, de desahucio del local que ocupan desde hace años.

Las concentraciones tendrán lugar desde las 12 horas en la plaza de Prosperidad. También han lanzado una campaña de recogida de firmas on-line (http://noaldesalojoavvalleinclan.org).

La entidad vecinal se han plantado ante el "ultimátum" de la Comunidad de Madrid y se negarán a abandonar el sábado el local que vienen utilizando desde hace años. El Gobierno regional les dio un nuevo plazo, que vencía ayer sábado, para el abandono del local. Los vecinos han criticado que el Ejecutivo de Esperanza Aguirre es "indiferente al profundo arraigo que la asociación tiene en el barrio".

La directiva de la asociación recibió el pasado miércoles la notificación de que la Comunidad iniciaría este fin de semana "el procedimiento de recuperación posesoria" de su local. Es por eso que, una vez más, demandaron a la entidad la entrega de llaves, algo que la asociación "no tiene ninguna intención de hacer", como adelantaron en un comunicado.

Adelantaron que se resistirían ante el desalojo" porque "es necesario un local público para seguir con las actividades en el barrio". La asociación tiene más de 35 años de vida y sus responsables han interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra la decisión de la Consejería de Educación, actual propietaria del inmueble.

Desde Prosperidad, la asociación relata que el pasado 15 de junio, y "a pesar de que funcionarios del Gobierno regional habían garantizado la renovación de la cesión", el colectivo ciudadano recibió una carta de la Comunidad de Madrid para que el 5 de julio entregara las llaves del local en el que desarrolla su actividad desde hace cinco años.

Decidieron no hacerlo e iniciar una campaña de adhesiones ante una medida que constituye "un nuevo ataque al movimiento vecinal y un recorte más de los derechos sociales de la ciudadanía con el pretexto de la coyuntura económica".