El juez Velasco cita a declarar a los diputados españoles que investigaron la muerte de seis jesuitas en El Salvador

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Reitera la comisión rogatoria que libró al país centroamericano para que le informe de la investigación que se realizó allí

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha citado a declarar a cuatro diputados españoles y tres expertos jurídicos que se trasladaron a El Salvador hace casi veinte años para investigar el asesinato en 1989 de seis sacerdotes jesuitas, cinco de ellos españoles, entre los que se encontraba el padre Ignacio Ellacuría, informaron hoy fuentes jurídicas.

El magistrado, que admitió a trámite en enero pasado una querella contra 14 miembros del Ejército salvadoreño, tomará declaración el próximo día 13 a los técnicos José Luis Ruiz Navarro, Enrique Arnaldo y Fernando Álvarez de Miranda. Al día siguiente interrogará a los ex diputados Luis Fajardo Spínola (PSOE), Pere Balta i Llopart (CiU), Manuel García Fonseca (IU) y Joseba Mirena Zubía (PNV), aunque a los que mantienen el aforamiento les ofrecerá declarar por escrito o en sus respectivos despachos.

Todos ellos formaron parte de la comisión parlamentaria que se trasladó a El Salvador entre los años 1989 y 1991 para conocer el procedimiento judicial que llevaron a cabo las autoridades judiciales del país centroamericano.

COMISIÓN ROGATORIA

El juez también ha reiterado la comisión rogatoria que libró a las autoridades salvadoreñas para que le remitan una copia completa de los expedientes judiciales relativos a la investigación que se llevó a cabo sobre estos hechos y otra del proceso de amparo constitucional promovido por la Corte de Suprema de Justicia de este país.

Al mismo tiempo, deja sin efecto la declaración de William McCollum, miembro de la Delegación que viajó a El Salvador como parte de una comisión del Congreso de Estados Unidos que investigó estos hechos en 1990, y da a las partes un plazo de diez días para que presenten un pliego de preguntas para el mayor del Ejército norteamericano Erick Buckland.

También insta a las acusaciones, entre las que se encuentra la ejercida por la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE), para que en ese mismo periodo de tiempo localicen a los querellados en la causa y a los testigos oculares que propusieron.

De igual modo, solicita a la Policía Judicial que le remita el denominado 'Informe Mockley' sobre la matanza, en caso de que existiese, y otros elaborados por el Ministerio de Asuntos Exteriores español y un catedrático de Derecho Penal. Además, reclama la identificación del rector de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) que sustituyó a Ellacuría tras su asesinato y del que era embajador de España en El Salvador en 1989.

ASESINATOS TERRORISTAS

La querella, presentada por un posible delito de asesinatos terroristas y contra el derecho de gentes, está dirigida contra 14 militares salvadoreños, entre los que se encuentran cuatro generales en el momento de los hechos. No obstante, el juez rechazó la imputación del ex presidente Alfredo Cristiani Burkard.

En su resolución, el juez Velasco también ordenó la declaración testifical del ex fiscal general de la República Belisario Amadeo Artiga, del juez Ricardo Zamora y los abogados Henry Campos y Sidney Blanco. Estos dos úlitmos fueron los fiscales asignados al caso cuando se enjuició en El Salvador y renunciaron cuando, según la querella, fueron obligados a minimizar el interrogatorio a los militares imputados. Posteriormente, representaron a las acusaciones particulares.

Los asesinatos, atribuidos a miembros del Batallón Atlacatl del ejército salvadoreño, fueron cometidos el 16 de noviembre de 1989 en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) de San Salvador.

En concreto, perdieron la vida el rector del campus, Ignacio Ellacuría; y los sacerdotes Amando López, Juan Ramón Moreno, Segundo Montes e Ignacio Martín Baró, todos de nacionalidad española; el religioso salvadoreño Joaquín López y López; y el ama de llaves Elba Julia Ramos y su hija Celina, nacidos también en el país sudamericano.

La querella, interpuesta en nombre de Alicia Martín-Baró, religiosa carmelita y hermana de una de las víctimas, está dirigada contra los generales Humberto Larios, René Emilio Ponce, Juan Rafael Bustillo y Juan Orlando Cepeda; los coroneles Inocente Orlando Montano y Francisco Elena Fuentes; los tenientes Carlos Camilo Hernández Barahona, José Ricardo Espinoza Guerra y Gonzalo Guvara Cerritos; los sargentos Antonio Ramiro Ávalos Vargas y Tomás Zarpate Castillo; el cabo Ángel Pérez Vasquez y los soldados José Alberto Sierra Ascensio y Óscar Mariano Amaya Grimaldi.