En concreto, y según la documentación consultada por Europa Press, el recurso de la citada empresa ha sido recogido por la sección segunda de la sala de lo Contencioso Administrativo del Alto tribunal andaluz, toda vez que el pasado 20 de diciembre, el Ayuntamiento alcalareño ordenó "la remisión al tribunal del expediente administrativo" relativo a la mencionada modificación puntual del planeamiento urbano.
Así, avanza en el plano judicial el conflicto desencadenado en Alcalá de Guadaíra, a cuenta de la iniciativa promovida por la citada planta cementera, para incinerar derivados de residuos no peligrosos para su uso como combustible.
Hasta el momento, la organización ecologista Alwadi-Ira ha impugnado ante el TSJA la decisión de la Junta de Andalucía de aceptar modificar la autorización ambiental unificada (AAI) de la cementera, precisamente para permitir la incineración de residuos no peligrosos.
"Esa autorización ambiental unificada tiene un montón de fallos, carece de importantes documentos y tenemos discrepancias sobre los valores límite de emisión", manifestaba al respecto el portavoz ecologista Francisco Gavira, en declaraciones a Europa Press, exponiendo que los ecologistas cuentan con "fundamentos muy sólidos" e informes periciales, para pensar que su impugnación puede derivar en la "anulación" de la citada modificación de la autorización ambiental unificada de la cementera.
Según los ecologistas, que han promovido toda una campaña social en contra de esta medida, gracias a esta revisión de su autorización ambiental integrada, la planta contaría con disposición de incinerar 292.000 toneladas de residuos al año para su uso como combustible. "Esa cantidad supera a los residuos que procesan todas las cementeras de Andalucía juntas", dicen los ecologistas, que avisan de "emisiones a la atmósfera", con sus correspondientes consecuencias en un área densamente poblada, en la primera corona del área metropolitana de Sevilla.
CONFLICTO JUDICIALIZADO
En paralelo, y como ha quedado de relieve, Portland Valderribas ha impugnado también ante la sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA el acuerdo plenario adoptado el pasado 7 de octubre por el Ayuntamiento de Alcalá, gobernado por Ana Isabel Jiménez (PSOE), para modificar las normas urbanísticas de la ciudad y establecer unas "distancias mínimas" de dos kilómetros entre las actividades industriales que "utilicen residuos como combustible alternativo" y las "zonas de suelo urbano o urbanizable".
Tal extremo, en la práctica, supone un bloqueo como tal a las pretensiones de la cementera de habilitar sus instalaciones para la incineración de residuos no peligrosos para su uso como combustible, dada la cercanía de la planta cementera a los suelos urbanos de Alcalá.
La empresa Cementos Portland, en cualquier caso, expone que prevé invertir dos millones de euros en implementar en su fábrica un sistema de valorización energética de residuos, aspecto que tienen 28 de las 33 plantas que la cementera tiene en España. La compañía justifica esta medida en "el abaratamiento en los costes de producción" y augura una mayor actividad económica fundamentalmente en la comarca, "contribuyendo al desarrollo del sector del reciclaje".
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