Las agresiones contra sindicalistas continuaron en 2008 en Honduras, según Amnistía Internacional

  • Londres, 28 may (EFE).- Las amenazas y las agresiones contra sindicalistas y defensores de los derechos humanos en Honduras continuaron en 2008 y en la mayor parte de los casos los responsables no rindieron cuenta de sus actos, según Amnistía Internacional.

Las agresiones contra sindicalistas continuaron en 2008 en Honduras, según Amnistía Internacional

Las agresiones contra sindicalistas continuaron en 2008 en Honduras, según Amnistía Internacional

Londres, 28 may (EFE).- Las amenazas y las agresiones contra sindicalistas y defensores de los derechos humanos en Honduras continuaron en 2008 y en la mayor parte de los casos los responsables no rindieron cuenta de sus actos, según Amnistía Internacional.

Amnistía, en su informe anunal sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, publicado hoy, cita además, en el caso de Honduras, que al menos 27 reclusos murieron en distintos episodios de violencia ocurridos en las cárceles del país.

En las amenazas y agresiones contra sindicalistas, el informe cita el caso de Irene Ramírez, dirigente de una organización de trabajadores rurales que encabezó en el departamento de Colón las protestas en un conflicto sobre tierras.

También menciona el caso de Altagracia Fuentes, Virginia García Sánchez y Juan Bautista, de la Confederación de Trabajadores de Honduras, que fueron asesinados a tiros en abril cuando se dirigían en automóvil a El Progreso, localidad del departamento de Yoro.

Aunque en junio las autoridades dictaron órdenes de detención contra once personas, al finalizar 2008 no se había detenido a nadie.

También en El Progreso, Amnistía denunció que en septiembre unos individuos dispararon e hirieron a dos dirigentes sindicales, Lorna Redell Jackson y Juana Maldonado Gutiérrez, que habían denunciado violaciones de los derechos laborales en una empresa de la zona.

Amnistía afirmó también que a finales de 2008 no se había iniciado ninguna investigación para aclarar los casos de desaparición forzada ocurridos durante las décadas de 1980 y 1990.

Esta investigación fue la principal recomendación formulada al gobierno por el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias.

Sobre la situación penitenciaria, Amnistía destaca los nueve reclusos muertos en abril en la prisión de San Pedro Sula, y los 18 en la prisión de Tegucigalpa en mayo.