Granados se compromete a abonar "en breve" la deuda a los abogados y a sufragar con regularidad los honorarios de 2009

MADRID, 16 (EUROPA PRESS) El consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, se reunió esta mañana con el decano del Colegio de Abogados de Madrid, Antonio Hernández-Gil, para trasladarle la propuesta de su departamento para rematar las negociaciones mantenidas con miras a atajar las movilizaciones previstas a partir de hoy por el Turno de Oficio por el impago de la Comunidad de Madrid de las cantidades devengadas en 2008 por sus servicios. Hernández-Gil trasladará esta tarde la propuesta a las tres asociaciones que representan a los abogados del turno de oficio para que se desconvoque el encierro programado en la sede del Colegio. El encierro se iniciará a las 20.00 horas y finalizará mañana a las 8.00 horas. En la reunión, Granados se comprometió ante el decano a abonar "en breve" los retrasos de las cantidades devengadas el pasado año por sus servicios, que ascienden a una deuda de más de 24 millones. Además, adelantó que su Consejería establecerá "los mecanismos presupuestados necesarios" para que en 2009 las cantidades se paguen con regularidad, con miras a que la situación no vuelva a repetirse. Pese a la propuesta puesta encima de la mesa, el consejero incidió en que los abogados de oficio deben "tomar conciencia de la situación económica que atraviesa el país y que obliga a todos a hacer un ejercicio de responsabilidad y austeridad en un momento tan complicado". Por su parte, Hernández-Gil se mostró satisfecho con el acuerdo al cubrir "todos los frentes de preocupación". La propuesta incluye también la actualización de los baremos del IPC, estancados desde 2003. "Se establecerán procedimientos para que el desfase por los baremos no actualizados sea recuperado", destacó. En declaraciones a los medios, tanto Granados como el decano negaron que haya intención de privatizar el servicio, un supuesto que sospechan los abogados. "No hay ninguna intención de privatizar el servicio que se realiza a través del Colegio", reseñó el consejero, quien poco antes de la reunión dejó claro que "el turno de oficio no puede ni debe ser privatizado". "Se seguirá prestando como hasta ahora". El consejero insistió en que el Gobierno regional está "de acuerdo" con las demandas de los letrados, si bien puntualizó que las respaldan con "la premisa" de que "la tutela judicial efectiva sea igual para todos, sean españoles o extranjeros". Se refería al acuerdo de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita que establece como obligación que los extranjeros acrediten con documentos su situación económica para acceder la servicio de justicia gratuita. El turno de oficio ha impugnado este acuerdo, que entró hoy en vigor, al estimar que se trata de una treta para "freír a burocracia a los inmigrantes". ENCIERROS El encierro en la sede del Colegio forma parte del plan de movilizaciones pactado por las tres asociaciones que representan al colectivo para forzar a las Administraciones a implantar medidas urgentes que mejoren sus condiciones de trabajo, especialmente en el ámbito retributivo. La principal medida de presión acordada es la renuncia de las guardias penales a partir de marzo. Las movilizaciones se producen como protesta al impago de la Comunidad de sus honorarios, una deuda que asciende a los 24 millones de euros. La Comunidad de Madrid aprobó hace dos semanas un presupuesto de 30 millones de euros para sufragar los gastos del colectivo de 2009. Por tanto, la deuda se pagará a cargo de los presupuestos previstos para este año, lo que provocará que la situación de impago se vuelva a repetir, según los afectados. Ésta es la principal queja que sustenta la convocatoria de renuncia de las guardias penales a partir del próximo marzo. Las asociaciones han preparado un programa de movilizaciones que incluye manifestaciones y encierros. Entre sus reivindicaciones figura también que se les actualicen los baremos conforme al IPC. Tanto abogados como el ICAM exigen que se pongan al día los baremos conforme al IPC, puesto que no se revisa desde 2003, en el caso de la Comunidad de Madrid, y desde 1996 en el caso del Ministerio.