Desde el SAF se le ha manifestado que "existen medios legales para que no se vuelva atrás" y se implante de nuevo la jornada de 37,5 horas semanales. "En primer lugar, instamos al Gobierno central a que retire la petición de suspensión cautelar solicitada al Tribunal Constitucional, para que siga en vigor el decreto de las 35 horas hasta que se pronuncie dicho tribunal", ha manifestado Sánchez Morales en un comunicado.
Además, ha solicitado un cambio normativo, "a la mayor brevedad posible", para que las competencias sobre jornadas de trabajo sean devueltas a las comunidades autónomas y al resto de administraciones públicas. "Máxime cuando estás administraciones ya tienen amplias competencias en materias retributivas, condiciones de trabajo y acceso a la función pública de sus funcionarios, entre otras", ha añadido.
Con el anuncio del secretario de Estado para las Administraciones Públicas de la posibilidad volver a la jornada laboral de 35 horas semanales en 2018, Sánchez Morales ha dicho que "sería un sinsentido que a pocos meses de esa medida los funcionarios andaluces sufrieran de nuevo un recorte en sus derechos laborales". En este línea, ha remachado que "para la inmensa mayoría del colectivo funcionarial andaluz, el aumento de la jornada laboral ha supuesto un grave perjuicio en las condiciones laborales, sobre todo en la conciliación de la vida laboral y familiar".
El máximo responsable del SAF le ha transmitido al presidente de los populares andaluces el malestar de los funcionarios andaluces por "haber sido utilizados como moneda de cambio, en una confrontación política por parte del ejecutivo andaluz". Ya en octubre de 2016, el SAF ha recordado que denunció que el decreto-ley de las 35 horas "era un brindis al sol, un engaño a corto plazo" a los funcionarios andaluces. "El gobierno presidido por Susana Díaz era sabedor de esa circunstancia y a pesar de ello siguió con una norma abocada al fracaso más absoluto, cosa que al final ha terminado ocurriendo", ha dicho.
Por su parte, según el sindicato, Juanma Moreno se ha comprometido a los representantes del SAF en hacerle llegar al ministro del ramo, Cristóbal Montoro, las peticiones realizadas por éstos, porque es "una petición justa de la que se beneficiarán miles de funcionarios públicos andaluces y sus familias". Sin embargo, el Sindicato Andaluz de Funcionarios "no cejará en esta lucha de recuperación de derechos robados de los funcionarios públicos andaluces".
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