Los sindicatos, en un comunicado recogido por Europa Press, han explicado que la decisión se toma tras las asambleas de trabajadores celebradas en la última semana en todas las provincias para consultar las medidas a tomar para reclamar la negociación del convenio y subidas salariales congeladas desde hace años que cifran en torno al 9 por ciento para recuperar el poder adquisitivo perdido, algo que consideran que debería trasladar la Junta a los fondos que destina a las contratas, ya que este servicio está adjudicado a empresas privadas.
Además, los trabajadores, unos 2.500 en la Comunidad, nunca llegaron a percibir las subidas salariales pactadas en anteriores convenios con las que se pretendía equiparar los salarios a la media española, ya que Castilla y León es la penúltima comunidad (sólo por delante de Cantabria) en cuanto al nivel de los sueldos de estos trabajadores, pertenecientes en su mayoría a Ambuibérica (que opera en todas las provincias) y Nuevas Ambulancias Soria (que lo hace en la provincia soriana).
Por estas razones, y de forma paralela, los sindicatos ya han iniciado las gestiones para solicitar una reunión a la Consejería de Sanidad, a la que han entregado un comparativo de convenios colectivos con el resto de las comunidades autónomas como uno de los argumentos de su reivindicación.
En concreto, las movilizaciones se iniciarán el lunes, 13 de febrero, en Burgos, donde se ha convocado una concentración en Burgos (a las 12.00 horas ante la Delegación de la Junta); el día 15 en León (a las 11.00 en el Hospital); el 17 en Ávila y Segovia (a las 11.00 ante las respectivas gerencias); el 20 de febrero a las 11.00 horas frente a la Gerencia de Sacyl en Salamanca; el día 21 en Soria (ante la Junta a las 11.30); el 22 en Palencia (Delegación de la Junta); el 23 de febrero en Zamora (11.30 ante Sacyl); y el 24 de febrero en Valladolid (a las 11.00 ante la Gerencia).
Todas estas movilizaciones culminarán con una concentración autonómica en Valladolid el sábado 4 de marzo en un lugar aún por determinar.
Las protestas se producen después de un tiempo en el que se ha intentado negociar, sin que aún haya convenio (desde 2013), y la última propuesta de la patronal es una subida salarial para este año de un 0,7 por ciento, sin que se fijen cifras para próximos años dado que los empresarios las condicionan a los fondos que la Junta estipule en los concursos de adjudicación de los diferentes servicios.
El último convenio acabó en 2013, en 2014 se iniciaron contactos con la patronal pero como continuaban los recortes, incluso en el transporte sanitario, se llegó a un acuerdo en el Servicio de Relaciones Laborales en el que se daba por válida la congelación, algo que se ha mantenido dos años (2015 y 2016), han informado a Europa Press fuentes de CCOO.
A todo ello se suma el hecho de que en el convenio firmado para los años 2007 a 2010 se fijó un incremento del 9 por ciento además del IPC para homologar los salarios a la media española, algo que no se cumplió con la llegada de la crisis, ya que la Junta disminuyó un 5 por ciento los fondos para estos servicios y sólo se produjo una subida del 4,5 por ciento.
De esta forma, si se tiene en cuenta sólo el IPC que deberían haber subido los salarios de los trabajadores del sector sería necesario un 9 por ciento para compensar el "lucro cesante" que se ha producido en el poder adquisitivo de los empleados.
MEJORAS EN LOS CONTRATOS
Los sindicatos reclaman a la Junta de Castilla y León que tome cartas en el asunto y mejore al alza las cuantías de los contratos del transporte sanitario, una de las razones que la patronal argumenta que hace imposible la subida salarial que se reivindica.
A este respecto, el consejero de Sanidad de Castilla y León, Antonio María Sáez Aguado, ya ha asegurado que su departamento estudia "con detenimiento" mejorar desde el punto de vista jurídico y presupuestario los contratos de transporte sanitario.
Sin embargo, el consejero considera una "paradoja" que las subidas pactadas entre organizaciones sindicales y empresas en sus convenios se planteen a cuenta de un incremento en las contrataciones de un servicio que, ha recordado, funciona en general "razonablemente bien".
En cualquier caso, ha adelantado que se estudian "con detenimiento" las posibilidades de mejora de los contratos, actualmente en vigor hasta 2019, desde los puntos de vista jurídico y presupuestario.
Pero también el consejero ha advertido de que la Administración no puede sistemáticamente seguir la "senda" de subir las cuantías a raíz de estas reivindicaciones salariales, más si se tiene en cuenta que los empleados públicos han visto congelados sus salarios o incrementado "levemente".
Sáez Aguado ha insistido en que es algo "difícilmente asumible" seguir este cambio cuando los acuerdos se recogen en convenios y es un "tercero" el que paga es "demasiado directo", al tiempo que ha reiterado que se estudian las posibilidades del contrato y la justificación que pueden suponer los citados acuerdos para ver si pueden ayudar a que el servicio "mejore".
El consejero también considera paradójico que algunas organizaciones sindicales que a veces critican la privatización de la sanidad parezca que se "olviden" de esta cuestión y reclaman más dinero para el sector privado, que es el que presta el servicio.
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