Economía/Laboral.- Castilla y León dará 421 euros mensuales a los parados que hayan agotado la prestación por desempleo

VALLADOLID, 16 (EUROPA PRESS) El Gobierno de Castilla y León dará 421,79 euros mensuales durante un periodo máximo de seis meses a los parados que hayan agotado la prestación o el subsidio por paro, según el acuerdo que ha firmado el Ejecutivo con los agentes económicos y sociales de la región para hacer frente a la crisis económica. La medida, que se englobará en un nuevo programa denominado 'Itinerarios activos de empleo', tiene como condición que los desempleados deben estar inscritos en el Servicio Público de Empleo de Castilla y León a partir del 1 de octubre de 2007 y no pueden disponer de rentas superiores al IPREM mensual (527,24 euros). Así lo anunció hoy el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, tras rubricar con los agentes sociales de Castilla y León (UGT, CC.OO. y la patronal Cecale) un nuevo acuerdo fruto del diálogo social, que establece nuevos programas de apoyo a las empresas y a los trabajadores y cuya finalidad es fomentar la actividad del tejido empresarial y mantener la renta de los trabajadores, así como llevar a cabo políticas activas de empleo dirigidas a la incorporación al mercado de trabajo. Entre las nuevas medidas que pondrá en marcha el Gobierno de Castilla y León para hacer frente a la crisis y fomentar el empleo destacan los 'Itinerarios activos de empleo', con un presupuesto de 8,5 millones de euros, "un programa nuevo de mucho interés" que, según explicó Herrera, va más allá de la prestación social, ya que las ayudas están orientadas al empleo y a la mejora de la empleabilidad. Así, los trabajadores desempleados percibirán mientras permanezcan incluidos en los procesos de búsqueda de empleo una cuantía de 421,79 euros por mes o la parte proporcional en periodos inferiores durante un plazo de tres meses, que serán prorrogados sin necesidad de nueva solicitud por otro trimestre "si permanecen las circunstancias que justificaron el acceso al programa y no se ha rechazado ninguna de las acciones propuestas en el desarrollo del mismo". Otra de las medidas contra la crisis rubricada hoy por la Junta y los agentes económicos y sociales contempla un total de 8,6 millones de euros para los trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo (ERE), siempre que sean de carácter suspensivo y como fórmula para evitar los ERE extintivos. AYUDAS PARA LOS AFECTADOS POR ERE. La finalidad de esta ayuda es compensar la pérdida de poder adquisitivo de los empleados procedentes de empresas que se vean afectados por ERE suspensivos, "siempre que éstos afecten a menos de 250 trabajadores y se hayan resuelto en instancia administrativa o judicial con acuerdo entre las partes entre el 1 de noviembre de 2008 y el 31 de diciembre de 2009". Se podrán beneficiar de esta ayuda los trabajadores que se hayan visto afectados por una suspensión temporal de su contrato de trabajo de al menos 15 días y el importe máximo será la que corresponda a 120 días de suspensión, "pudiendo ser solicitada una vez alcanzados los 120 días de regulación o una vez agotados los días de suspensión concedidos mediante ERE aunque no alcancen el tope máximo". En este punto, el presidente de la Junta insistió en que para la percepción de esta ayuda será necesaria la existencia de un acuerdo entre la empresa y la representación de los trabajadores. La cuantía de la ayuda será un importe fijo por día y decreciente en función del importe de la base de cotización por contingencias comunes de los trabajadores, no pudiendo acceder a la misma los trabajadores con ingresos brutos mensuales superiores a los 2.500 euros. INSOLVENCIA EMPRESARIAL. El Gobierno de Castilla y León y los agentes económicos aprobaron otra ayuda para los trabajadores de más de 55 años que, además de perder su empleo, vean minorado el importe de su indemnización como consecuencia de la situación económica de la empresa al sólo ver satisfecho los importes garantizados por el Fondo de Garantía Salarial. En concreto, los destinatarios de esta nueva ayuda serán los desempleados mayores de 55 años y que pierdan su puesto de trabajo en una empresa a la que lleven vinculados más de tres años "y siempre que esta sea declarada en situación de insolvencia o la recesión se produzca en el marco de un procedimiento concursal". Los trabajadores que reúnan estas condiciones, con una antigüedad en la empresa de entre 3 y 10 años y que tengan una base de cotización media por contingencias comunes en los últimos seis meses igual o inferior a los 1.900 euros, recibirán una ayuda de 1.200 euros y 960 euros si la base de cotización media es superior. En el caso de que los trabajadores lleven más de 10 años en la empresa, la ayuda será de 1.800 euros cuando la cotización media por contingencias comunes en los últimos seis meses sea igual o inferior a los 1.900 euros y de 1.440 euros para las cotizaciones superiores a esa base media. Junta y agentes económicos también acordaron constituir un grupo de trabajo que, de forma inmediata, iniciará los trabajos encaminados a una "renta garantizada de ciudadanía", incluida en el Estatuto de Autonomía, para aquellos castellanoleoneses que se encuentren en situación de exclusión social. En cuanto al fomento de la actividad empresarial, se habilitarán 620 millones de euros para mejorar la financiación y actividad de las empresas de Castilla y León a través de tres instrumentos financieros: financiación de circulante por valor de 200 millones de euros; refinanciación de pasivos por importe de 100 millones, y financiación de la inversión, por valor de 50 millones de euros. Estos instrumentos se complementarán con otros productos financieros destinados a las pymes, tales como el descuento de letras y efectos comerciales o líneas de apoyo a la modernización del comercio a través de los convenios suscritos con las entidades financieras que operan en la región y con la Sociedad Regional de Garantía Recíproca por importe de 270 millones de euros adicionales. Asimismo, han acordado la constitución de la 'Fundación Anclaje Castilla y León' de naturaleza pública y con la finalidad de contribuir de forma activa al desarrollo económico sostenible de la comunidad, favoreciendo su anclaje y/o la permanencia de las empresas, "especialmente en aquellas zonas o sectores que sufran procesos económicos de deslocalización y reestructuración empresarial de especial repercusión".