PSOE e IU abandonan el pleno en solidaridad con un diputado expulsado por corear consignas de trabajadores de IVECO

500 trabajadores de ArcelorMittal, BP-Solar e IVECO se concentran ante la Asamblea para pedir a Aguirre "un plan de viabilidad"

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

Los diputados del PSOE y de IU abandonaron hoy el Pleno del Parlamento Regional como señal de protesta después de que el socialista José Quintana fuera obligado por la presidenta de la Asamblea, Elvira Rodríguez, a dejar el Hemiciclo por su actitud de apoyo a las continuas protestas de trabajadores afectados por los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) en las empresas Iveco, Arcelor Mittal y BP Solar que en ese momento se encontraban en la sala.

Tras dos llamadas de atención a Quintana y ordenar su salida de la Cámara por corear las mismas consignas que se oían desde la tribuna de invitados, ocupadas por empleados de estas compañías, los diputados de la oposición decidieron levantarse de su escaño para mostrar su rechazo a tal decisión, de manera que permanecieron dentro del hemiciclo tan sólo aquellos parlamentarios que tenían que realizar alguna pregunta de control al Gobierno.

Los altercados se produjeron durante una pregunta al consejero de Economía y Hacienda, Antonio Beteta, sobre la industria en la región. En ese momento, los trabajadores de las empresas afectadas, que se encontraban en la tribuna ubicada sobre el hemiciclo, vieron, según explicaron a Europa Press, cómo la presidenta regional, Esperanza Aguirre, recogía sus cosas para abandonar su escaño, una actitud que interpretaron como una falta de interés por la cuestión.

Ante ello, Quintana apoyó con sus palabras y dando golpes en la mesa a los trabajadores, que fueron evacuados del pleno, para reunirse finalmente con otro grupo de compañeros que se mantenía a las puertas de la Asamblea. Tras ser expulsado, al diputado socialista le siguieron los ocupantes de las bancadas de la izquierda.

Trabajadores de BP Solar explicaron a Europa Press que piden un plan de viabilidad para sus empresas para poder mantener los empleos, que podrían desaparecer en 1.000 casos en IVECO, y alrededor de 400 en BP-Solar y de ArcelorMittal, respectivamente.

Por su parte, la portavoz del PSOE, Maru Menéndez, que fue de las primeras en abandonar el escaño junto a Quintana, se preguntó por qué se expulsa a un diputado del Grupo Socialista --"seguramente por ser socialista", se contestó a sí misma--, y en cambio la presidenta no expulsa a ninguno de los diputados del Grupo popular, tampoco los tres imputados en la trama Gürtel, que siguen ahí sentados.

Menéndez dijo que no van a consentir "este tratamiento sectario y discriminatorio para los diputados" del PSOE, y apuntó que "la presidenta de la Asamblea ha dado muestras más que sobradas de que responde no a la función para la que está elegida, que es ser la presidenta de todos, sino que responde a las instrucciones y consignas del Gobierno de Esperanza Aguirre".

Por su parte, la portavoz de IU, Inés Sabanés, indicó que "no es un tema reglamentario, ni burocrático, sino político de primera magnitud". "Es indigno que mientras se sientan los diputados del PP; mientras la presidenta no da ninguna respuesta, le molestan las preguntas y mantienen en excepcionalidad democrática a la Cámara, pretendan luego atenerse al reglamento para impedir que se expresen trabajadores en riesgo de perder su puesto de trabajo", consideró.

"Están representados en la Cámara diputados imputados con unas fianzas que se acaban de conocer después de preguntas que no se contestan y provocando a los trabajadores de las empresas", señaló.

Mientras, el portavoz del PP, David Pérez, afirmó que la actitud de la oposición es "un atentado permanente premeditado contra la democracia", porque están convirtiendo la Asamblea "la casa de la bronca continua".

"El PSOE tan pronto boicotea los actos del 11M, los actos del 2 de Mayo, como una sesión plenaria", apuntó, al tiempo que destacó que el problema de estas empresas es competencia del Gobierno central y con estas protestas "se está intentando trasladar a las comunidades autónomas la responsabilidad del Gobierno socialista en la creación de cuatro millones de parados".