El sindicato, en una nota, ha puesto en duda la legalidad de esta decisión, ya que los propios estatutos de la Agencia, de acuerdo con el artículo 8.6 de la Ley 1/2011, encomiendan el asesoramiento jurídico a letrados y letradas adscritos al gabinete jurídico de la Junta de Andalucía.
Además, el sindicato ha considerado que se trata de "un mal uso del dinero público", ya que el contrato de asesoramiento jurídico sobre relaciones laborales y representación legal de trabajadores del SAE implica un coste total de adjudicación de 17.908 euros, dinero que, según CCOO, "debería ser empleado en servicios públicos para la ciudadanía".
Ante la compleja situación creada por la propia administración andaluza en el Servicio Andaluz de Empleo y el preaviso de elecciones sindicales planteado por un sindicato, la administración ha recurrido a la citada multinacional para acudir a los órganos de mediación (Sercla). CCOO-A ha instado a la Junta de Andalucía a negociar de manera "inmediata" la estructura de negociación y representación en esta agencia y el resto del sector público de la administración andaluza.
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