EL SENADO INCORPORA TRES ENMIENDAS A LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO

La Comisión de Hacienda del Senado ha incorporado al articulado del proyecto de Ley de Contratos del Sector Público tres enmiendas del Grupo Popular que establecen el cumplimiento de la ley en la aplicación de los convenios colectivos, lo que hará que los convenios de empresa prevalezcan sobre los sectoriales.
El texto, que tendrá que ser aprobado por el Pleno de la Cámara Alta y, en caso de pasar dicho trámite, ser validado por el Congreso, incorporó este lunes estas tres nuevas enmiendas, de un total de 252 que habían sido presentadas, gracias a la mayoría absoluta del Grupo Popular en la comisión, con quince votos a favor y once abstenciones.
Las enmiendas introducidas modifican tres artículos del texto aprobado en julio por el Congreso de los Diputados para que la norma se atenga a lo establecido en el Estatuto de los Trabajadores en lo referente a la aplicación de los convenios colectivos, según el cual, una empresa que tenga convenio colectivo propio no tiene que cumplir lo establecido en un convenio sectorial.
Con esta Ley de Contratos del Sector Público se transpondrán al ordenamiento jurídico español una serie de directivas europeas de febrero de 2014. Entre los objetivos del texto se encuentran reducir las cargas administrativas y agilizar los procedimientos, además de que se generalizan las declaraciones responsables, con lo que se eliminan trabas burocráticas y administrativas.
Por otra parte, se apuesta por la utilización de medios electrónicos, se reducen plazos de adjudicación, se aumenta la competencia para una mayor participación de pequeñas y medianas empresas y se incentiva que los contratos se dividan en lotes para permitir el acceso de compañías de menor tamaño a la contratación pública.
Además, se recoge la posibilidad de que se exija a la empresa que el periodo de pago a sus proveedores no supere determinados límites y no podrán ser contratistas los condenados por corrupción entre particulares.
CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO
La norma prevé también que las administraciones reserven entre el 7% y el 10% de determinados tipos de contratos públicos para centros especiales de empleo, así como a empresas de inserción o programas en los que al menos el 30% de sus empleados sean personas con discapacidad.
Además, se establece la prohibición de contratar con la Administración a empresas con más de 50 empleados que incumplan la obligación de tener en plantilla, al menos, al 2% de trabajadores con discapacidad.