El ministro de Justicia confía en que Galicia "cuente pronto" con un nuevo Estatuto que amplíe competencias en la materia

Apuesta por un "cambio en profundidad" de una Planta Judicial que califica de "decimonónica" y por la conexión en red de los juzgados

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 (EUROPA PRESS)

El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, incidió hoy en la necesidad de que Galicia "cuente pronto" con un nuevo Estatuto de Autonomía que posibilite la ampliación de competencias en esta materia, y que ya tienen otras comunidades como Andalucía y Cataluña.

En una entrevista concedida a la Radio Galega y recogida por Europa Press, Caamaño indicó que la ampliación de competencias en materia de justicia y la creación de un Consello Galego da Xustiza pasarán por la inclusión de esta ampliación en un nuevo Estatuto de Autonomía.

En relación a los Estatutos de Autonomía, consideró además que la inclusión de la definición de 'nación' en el preámbulo del documento "no tiene valor jurídico". "Los preámbulos no tiene por si mismos valor normativo, y por lo tanto están al margen del control estricto de constitucionalidad de una ley", aseguró.

En relación al análisis por parte del Tribunal Constitucional del Estatuto de Autonomía de Cataluña, el ministro consideró que debe ser el actual Constitucional el que dicte una sentencia "con independencia" de la manera que considere "más oportuna". Aún así, Caamaño consideró que este documento "es constitucional" y que por eso "contó con el apoyo de la mayoría absoluta".

PLANTA JUDICIAL

Asimismo, Francisco Caamaño aseguró que las actuales Demarcaciones y la Planta Judicial están "pensadas de manera casi decimonónica", por lo que reclamó un "cambio en profundidad" de las mismas. "El mapa judicial español no se parece al mapa demográfico y geográfico de España", aseveró, "es una realidad que no pega bien".

En esta línea, apuntó que el Consejo de Ministros redactará "de manera inmediatas" un decreto para la constitución de una comisión de expertos que modifique esta cuestión.

Entre las modificaciones, Caamaño apostó por contar con la colaboración "estrecha" de todas las Comunidades Autónomas, con cuyos responsables mantendrá próximamente una reunión, para que los sistemas informáticos de las comunidades "puedan funcionar no solo en conexión con el de la Administración del Estado" sino con el del resto de las comunidades, "de manera que todos los juzgados de España trabajen en red".

Además, el responsable estatal de justicia consideró que la reforma judicial en España debe empezar "por reservar aquellos asuntos que son realmente trascendentes" para los juzgados y "potenciar las fórmulas de arbitraje que permitan resolver gran parte de los conflictos sin necesidad de estar en la máquina estricta de la Administración de Justicia", ya que, consideró, el carácter español y, principalmente, el gallego, provoca "cierta facilidad para estar en los tribunales".

PRESTIGE

En relación al caso del Prestige, el ministro defendió que la causa se haya instruido en un juzgado pequeño, como el de Corcubión, porque "los ciudadanos tienen un derecho fundamental que es el derecho al juez natural", apuntó, "el juez al que con arreglo a la ley le corresponde conocer los hechos porque ocurrieron en este lugar".

En esta línea, consideró que un cambio de juez podría "dar a entender" que se modifica porque en otro lugar "le conviene a alguien", aunque si defendió "procurar dar elementos de apoyo" a un juzgado pequeño en este tipo de situaciones.

Asimismo, apostó por que el juez que instruye un caso "tenga estabilidad", dado que en la causa del Prestige ya han sido responsables un total de 5 magistrados, pero descartó que la instrucción esté siendo demasiado larga ya que "la que se está llevando de manera paralela en Nueva York", contra la clasificadora del buque, "está aún en diligencias previas".

Finalmente, en cuanto al derecho a la huelga de los jueces, Francisco Caamaño explicó que la ley reconoce "exclusivamente" el derecho a huelga de los trabajadores y que el Tribunal Constitucional reconoció también este derecho a los funcionarios, que "técnicamente no son trabajadores", porque tienen una ley que los ampara y porque "si tienen libertad sindical, cosa que a los jueces les está expresamente prohibida por la constitución".