El responsable de evaluación y seguimiento dice que no tenían capacidad para detectar un fraude como el de Aneri

González ha explicado en su comparecencia en la Comisión de Investigación sobre corrupción política de la Asamblea que el seguimiento de la teleformación se realiza "ex post", mediante "requerimiento a las entidades beneficiarias para que faciliten la información relativa al curso".

Las entidades beneficiarias, organizaciones sindicales y empresariales, tenían que destinar un al control de los cursos al menos el 5 por ciento de la subvención, ha indicado el funcionario, que ha reconocido que la administración no tenía capacidad para detectar si la documentación era "falsa o cierta" y, en particular, si el alumno era "cierto", en alusión a los alumnos duplicados.

Por otro lado, ha aclarado que no era parte del procedimiento llamar a los alumnos para preguntarles si habían realizado el curso.

Si bien ha aludido a la "falta de medios para poder controlar a los alumnos", ha afirmado que se cumplió lo que marcaba la normativa "independientemente de que se puedan endurecer más los controles".

"Tal era el volumen de acciones formativas, la diversidad, que no nos permitía casi a nosotros ni organizar el seguimiento", ha señalado, al tiempo que ha apuntado que en ocasiones tenían que contratar a una empresa externa para que realizara las visitas oportunas a los cursos presenciales.

Además de precisar que el control de la formación continua se realizaba en "épocas valle" de seguimiento de la formación para desempleados, en alusión a la formación continua ha afirmado que "las dificultades de ese programa eran muy grandes para una unidad administrativa de carácter público".

Por otro lado, ha recordado que cuando desapareció el Servicio Regional de Empleo su dirección general asumió el seguimiento de todos los programas de formación, que anteriormente estaban divididos, y se trasladaron a 80 personas de las oficinas de empleo que se sumaron a las 80 que ya había en la dirección general, aunque más adelante 60 fueron devueltas a las oficinas, lo que supuso un "decremento de recursos humanos importante".

Así, envió un email a su subdirector general, Carlos Ferrer, para advertirle de que en esas condiciones no se podía cumplir con los seguimientos de la formación continua. Asimismo, ha afirmado que cuando el jefe del Área de Formación Continua, Vicente Ferreras, envió un email donde instaba a reforzar el seguimiento de los cursos al haber detectado irregularidades, Ferrer le dijo: "No te preocupes, ya me encargo yo".

De esta forma, ha señalado que "se supone" que fue Ferrer quien se encargó de ese seguimiento y lo trasladó a otro área, al tiempo que ha indicado que poco después él fue destituido por el director general de Empleo, Valentín Bote, y reubicado en otro puesto. Por su parte, Ferrer se jubiló poco después.

Desde la oposición, los portavoces de PSOE, Podemos y Ciudadanos, Nani Moya, María Espinosa y César Zafra, han acusado a la administración de no fiscalizar el dinero público que otorgaba para los cursos de formación, mientras que desde el PP Alfonso Serrano ha hecho hincapié en la responsabilidad de las entidades.

El propio González ha reconocido que las entidades tienen "un alto grado" de responsabilidad, aunque ha agregado que todos tienen "una parte de responsabilidad".

"Cuando ha habido una cosa así algo ha fallado, no cabe la menor duda, las asociaciones tienen que estar encima, los centros tienen que estar encima de sus alumnos, de sus profesores, también la administración con respecto a sus fondos", ha apostillado.