Además, según han indicado a Europa Press fuentes del colectivo, los trabajadores concentrados han solicitado que mientras que no se arregle el "conflicto" con el Servicio Andaluz de Salud (SAS) "vuelvan pacientes a los tres hospitales que desde octubre están vacíos --San Rafael de Cádiz, Blanca Paloma de Huelva y el FAC Dr. Pascual de Málaga--", lo que ha conllevado "la pérdida de más de 900 empleos".
"Ha sido una concentración muy productiva", destacan, al tiempo que explican que el consejero de Salud, Aquilino Alonso, ha recibido a los trabajadores, aunque "las noticias son que no hay noticias". No obstante, esto "pone en valor la movilización del colectivo", subrayan.
En un comunicado, los trabajadores señalan que desde enero del año 2014 cuando la Junta de Andalucía, siendo responsable María José Sánchez Rubio, "decidió rescindir unilateralmente el concierto que mantenía con la empresa y sustituirlo por unas prorrogas declaradas ilegales por los tribunales, ninguno de los seis centros de la empresa mantiene conciertos con el SAS".
Esto, apunta el colectivo, "lleva a un conflicto que dura ya casi tres años y que ha tenido consecuencias nefastas no solo en el empleo sino en la asistencia sanitaria de Cádiz, Huelva y Málaga, donde miles de pacientes han pasado a engrosar las maquilladas listas de espera del SAS". Aun así, añaden, "se siguen mandando pacientes a tres centros de la empresa, los que mantiene en el Puerto de Santa María, Sanlúcar de Barrameda y Villamartín, a pesar de que no existe concierto con los mismos".
Además, los trabajadores apuntan que desde octubre del año pasado "les ha confirmado el viceconsejero de Salud de la Junta, Martin Blanco, que el SAS no paga a la empresa por los servicios que está prestando", lo que "supone un motivo más de incertidumbre para los trabajadores y sus familias", lamentan.
Asimismo, critican que hace un año el gerente del SAS, José Manuel Aranda, "anuncio a los trabajadores una fórmula legal que permitía el concierto con los seis centros que la empresa mantiene abiertos", pero "hasta ahora ese acuerdo no ha sido plasmado por escrito", pese a que "se nos dijo desde todos los ámbitos políticos que la prioridad era el empleo y que se garantizaba la asistencia y el trabajo en nuestros centros", manifiestan.
LOS PACIENTES "NO SON UN MERCANCÍA"
Del mismo modo, los trabajadores de hospitales Pascual señalan que los pacientes "no son una mercancía que se pueda subastar al precio más bajo, merecen ser tratados con criterios de calidad, en centros que posean los medios y el personal adecuado para hacerlo", mientras que "el concurso de subasta de pacientes al que no se presentó la empresa imponía unas condiciones leoninas que en ningún momento garantizaba la viabilidad de los centros y las plantillas".
"Nuestros centros son hospitales homologados y con certificación de calidad, con profesionales sin incompatibilidad, no centros sin estructura o plantilla, con dudosa homologación y con incompatibilidades denunciadas", asegura el colectivos de trabajadores.
"Esto ha conllevado la pérdida de más de 900 empleos en el conjunto de una plantilla que supera los dos mil trabajadores", por lo que "creemos que es el momento de la acción y no de las palabras, como ha dicho recientemente el vicepresidente de la Junta y consejero de la Presidencia y Administración Local, Manuel Jiménez Barrios". "La movilización es la acción de los trabajadores que ven a sus compañeros en la calle y como sus puestos de trabajo, sus hospitales y sus nóminas peligran", finalizan.
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