Éstos, "equivalen a la paga de productividad, las dos pagas sociales de febrero y septiembre y las contrataciones de los interinos de estos años", por lo que ha afirmado que van a presentar alegaciones".
El responsable provincial ha explicado que el informe se ciñe al complemento de productividad y ayudas sociales, y asegura "que es necesario incluir en un complemento específico los abonos por trabajos nocturnos o jornadas festivas".
También ratifica este documento "que no se pueden abonar horas extraordinarias sin justificación previa", y en cuanto al complemento de productividad, "que necesita una evaluación previa del rendimiento para su abono", por lo que "la distribución de la productividad se excedía del ámbito de negociación del convenio".
En cuanto a las ayudas sociales, éstas "excedieron el marco de la negociación colectiva, habiendo devenido en un concepto retributivo adicional, que no justifica su naturaleza". Según ha leído el diputado, el informe especifica que no se pueden considerar como una paga periódica, ni el tiempo ni en la cantidad. "Estas ayudas han tenido incremento, lo que contraviene la ley".
El informe también recomienda ajustarse al máximo a la normativa en cuanto a la contratación de interinos y ajustar los complementos retributivos de la diputación a la normativa vigente. "En la mesa de negociación, se ha tratado de dar una fórmula jurídico idónea, pero la negociación ha tenido muy poco éxito", ha apostillado García.
MESA DE NEGOCIACIÓN
Para pagar esas incidencias, el diputado de Economía propone una mesa de negociación donde llevar "una especie de reglamento que permita abonar las incidencias en nómina mes a mes".
El diputado ha confirmado que faltan por abonar tres pagas, dos de acción social de febrero y septiembre y la paga de productividad, y para ello "es imprescindible modificar el actual convenio colectivo y acuerdo marco". "Se necesita negociarlo entre los sindicatos y el equipo de gobierno de Diputación".
Ha pedido que haya cesión por ambos lados, y que se retomen las negociaciones. "El equipo de Gobierno no tiene interés alguno en no pagar, "pero no quieren cometer ninguna ilegalidad ni irregularidad".
Finalmente, García ha resaltado que "no es un capricho del equipo de Gobierno ni de represalias", sino que quieren "revertir de legalidad todas las retribuciones que se cobran en Diputación". "No se puede consentir que un presidente se vea implicado en un problema judicial con el Tribunal de Cuentas por firmar una nómina de un millón de euros que tiene un reparo de ilegalidad por parte de los servicios de intervención", ha concluido.
GANEMOS DICE QUE NO HAN PROPUESTO RECORTE SALARIAL
Por su parte, el grupo provincial de Ganemos-IU ha desmentido, en un comunicado, que hayan realizado alguna propuesta en la Mesa General de Negociación, "o en cualquier Comisión o en el propio Pleno de la Diputación o incluso en sus reuniones con diferentes sindicatos, que suponga un recorte salarial para los trabajadores de la Institución".
Se han ratificado en la necesidad de que la Institución provincial "abone los retrasos a los trabajadores, por noches, festivos u horas extras, en su integridad, a la mayor brevedad posible". Han afirmado que "en ningún caso el grupo provincial Ganemos-IU ha puesto en duda o pedido que no se cumpla con estas retribuciones", como tampoco lo han hecho "con respecto a las pagas contempladas en el convenio aún vigente", y son partidarios de incluir en la nómina mensual un adelanto de estos conceptos retributivos, "que se liquidaría o ajustaría a final de año".
Han solicitado que se convoque o cubra la Jefatura de Recursos Humanos; y la negociación del nuevo convenio colectivo y acuerdo marco, prorrogados desde diciembre de 2015, "fundamentalmente, porque una parte de sus contenidos no se ajustan a la legalidad, lo que genera advertencias de los fedatarios públicos".
En el comunicado, aseguran no estar de acuerdo con esa "inseguridad jurídica", y que "es más que discutible que las remuneraciones o complementos salariales de los empleados públicos tengan que depender de que el dirigente político de turno levante los reparos legales".
Sobre la jornada laboral de 35 horas, recuerdan que hace un año solicitaron que la implantación de dicha jornada figurara entre los temas de la mesa de negociación, porque, aseguran, "es un mecanismo necesario para repartir el trabajo y contribuye a mermar el desempleo", y recuerdan que fue "un decretazo" de Mariano Rajoy el que "obligó a las 37,5 horas".
En el comunicado remitido a la prensa, el grupo provincial de Ganemos-IU propone la convocatoria de la Oferta Pública de Empleo pendiente y un proceso de consolidación de empleo para este año 2017, y matizan que están trabajando "intensamente para poner en manos de la Fiscalía, a la mayor brevedad posible las múltiples irregularidades y presuntas ilegalidades cometidas durante el desarrollo de la Oferta Pública de Empleo del 2009", tal y como se aprobó en la comisión de investigación desarrollada.
Por último, afirman estar abiertos "al diálogo y negociación" con el equipo de gobierno provincial, asegurando que "es la Mesa General de Negociación el ámbito donde se deben decidir las cuestiones fundamentales que afectan a la plantilla de la Diputación con la participación de sindicatos, grupos políticos y el equipo de Gobierno que, además, es el encargado de hacer valer esas decisiones", han concluido.
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