Podemos pide que el Parlamento traslade su apoyo a los estibadores y urge retirar del decreto que modifica su régimen

Según consta en la iniciativa, recogida por Europa Press, la formación morada defiende que se impulse un proyecto normativo que cumpla con lo dispuesto por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea "sin destruir empleo ni precarizar las condiciones de trabajo en un sector de alta productividad y competitividad internacional como es el de la estiba portuaria".

Así, pide consensuar un régimen jurídico que suponga la compatibilidad entre la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 11 de diciembre de 2014 y la estabilidad laboral, "dejando sin efecto los elementos esenciales de las propuestas normativas del Ministerio de Fomento".

Por último, y de salir adelante la iniciativa registrada por Podemos, el Parlamento acordaría trasladar su apoyo al sector de la estiba, con una mención especial a quienes desarrollan su actividad en Andalucía, así como mostrar toda su solidaridad a los estibadores "en estos momentos de incertidumbre que están viviendo respecto a su futuro laboral".

La formación que lidera en Andalucía Teresa Rodríguez advierte de que la nueva regulación de este sector provocará que los contratos indefinidos, siendo esta la relación contractual de estibadores, "se conviertan en puestos de trabajo precarios pendientes de contratación por las empresas".

Además, las empresas estibadoras dispondrán de un periodo de tres años durante el que estarán obligadas a seguir contratando al 75, 50 y 25 por ciento durante el primer, segundo y tercer año, respectivamente, de los estibadores de las Sagep, por lo que "podrán sustituir, libremente, a un 25, 50 y 75 por ciento durante esos años a los actuales trabajadores".

Según afirma Podemos, esto provocará que, a la finalización del indicado periodo, los trabajadores no contratados ex novo "serán despedidos colectivamente y sus indemnizaciones, de 20 días por año trabajado con el tope de un año, se realizarán con cargo a los recursos públicos de las respectivas Autoridades Portuarias".

Censura que la gravedad de la "alternativa" del Ministerio supone un "despido generalizado" y la apertura de un nuevo proceso de selección y contratación libre del actual personal de la estiba portuaria, "siendo una opción política que profundiza en la precariedad y desregulación laboral".

Podemos sostiene que se debe cumplir lo dispuesto en el fallo de la sentencia de 11 de diciembre de 2014 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pero también, agrega, "se deberá cumplir el Convenio 137 de la Organización Internacional de Trabajo sobre el Trabajo Portuario".

Abunda en que la modificación normativa que se propone "ha generado un conflicto con incalculables efectos que no tendrían por qué darse si se recupera el diálogo social y se hacen compatibles las obligaciones derivadas de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la estabilidad laboral y la seguridad en el trabajo".

"Esta ruptura de la paz social que se ha producido con la aprobación de este Real Decreto-Ley, por culpa del ministro de Fomento, amenaza la competitividad, precarizando a la baja los empleos, especialmente en los puertos de tránsito como el de Algeciras, con competidores próximos como Tánger o Sines", agrega en la iniciativa Podemos.