EMPLEO AVANZA EN LA REDUCCIÓN DE CARGAS ADMINISTRATIVAS PARA LAS EMPRESAS EN LAS VISITAS DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO

El Ministerio de Empleo y Seguridad Social publicó este lunes una orden en el Boletín Oficial del Estado (BOE) que recoge el nuevo modelo para la extensión de las diligencias realizadas por los funcionarios de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, con ocasión de sus actuaciones realizadas en los centros de trabajo o en comparecencia de las empresas en las oficinas de la inspección.
Según informó el departamento de Fátima Báñez, esta nueva regulación elimina de manera definitiva el Libro de Visitas de la Inspección, tanto en formato físico papel, como en formato electrónico y cuyo origen está unido al de la creación de la propia Inspección de Trabajo y Seguridad Social hace 110 años.
Así, ya en el primer reglamento para el servicio de inspección de trabajo, aprobado por el Ministerio de la Gobernación en 1906, se obligaba a que en todos los establecimientos sujetos a inspección existiera “un libro de visita”.
Esta obligación empresarial, que sirve para dejar constancia de las actuaciones inspectoras realizadas en cada empresa, fue objeto de una primera adaptación en 2013 derivada de la modernización de la actuación de la Inspección de Trabajo impuesta por el creciente uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en las relaciones laborales y en las relaciones de las empresas con la Administración, indicó el Ministerio.
Con esa finalidad, la Ley de Apoyo a los Emprendedores, aprobada en 2013, dio un paso en la reducción de esta concreta carga empresarial, con la sustitución del tradicional libro de visitas en formato papel por uno electrónico.
Las reglas previstas en la nueva orden trasladan de las empresas a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social las obligaciones relacionadas con la necesidad de documentar y dejar constancia de las actuaciones inspectoras realizadas en las visitas a las empresas o en las comparecencias de éstas en las oficinas de la Inspección.
Según Empleo, el ahorro que esta medida de reducción de cargas administrativas supondrá para las empresas se estima en 700 millones de euros.