UGT CyL reclamará este sábado una política específica para las personas con discapacidad en las empresas

EUROPA PRESS
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Diez años después de la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, UGT ha destacado que "los indicadores laborales siguen mostrando un panorama nada alentador".

UGT de Castilla y León han asegurado que "trabajan para evitar a toda costa desconectar los problemas específicos de los trabajadores y trabajadoras con discapacidad de las estrategias globales en materia de empleo y formación" y han añadido que "es necesario aplicar un tratamiento transversal en pro de la igualdad para los trabajadores y trabajadoras con discapacidad de cara a lograr su integración y normalización en el mundo del trabajo ordinario", con el cumplimiento de cuotas de reserva, tanto en la empresa pública como privada, la adaptación de los puestos de trabajo, la prevención de riesgos laborales y la salud laboral integrando necesidades específicas, retribución salarial, promoción o formación.

Las exigencias de derechos laborales y sindicales, que desde UGT afirman que "también son aplicables a los Centros Especiales de Empleo", que cumplen la función de ser empresas de tránsito a la empresa ordinaria de los trabajadores y las trabajadoras con discapacidad.

Para UGT de Castilla y León "son objetivos prioritarios", y por ello "ponen en valor" los avances logrados en el marco del Diálogo Social que, como la II Estrategia Integrada de Empleo Formación Profesional, Prevención de Riesgos Laborales e Igualdad y Conciliación en el Empleo 2016-2020, que incluye medidas destinadas a los trabajadores y trabajadoras con discapacidad.

UGT Castilla y León "exige" en la negociación colectiva, "garantizar la normalización de las condiciones de trabajo de las personas con discapacidad" y "asegurar la contratación efectiva de estas personas en las empresas ordinarias, cumpliendo con la cuota del 2 por ciento en empresas de más de 50 personas en plantilla".

Según los datos aportados por UGT, alrededor de 77.900 personas en edad laboral tienen el certificado de discapacidad en Castilla y León, lo que representa el cinco por ciento del total de la población correspondiente a esas edades y de las cuales tan sólo el 37,5 por ciento son activas.

El paro de larga duración ha alcanzado más del 60 por ciento y sólo el 1,67 por ciento de los contratos celebrados en Castilla y León lo fueron con personas con discapacidad, de los cuales el 91 por ciento fueron contrataciones temporales. La brecha salarial ha ascendido nuevamente del 12 al 16 por ciento y en el caso de las mujeres con discapacidad la brecha es aun más grave.

La baja participación de los trabajadores y trabajadoras en la formación profesional-ocupacional o profesional continua, en total no llega al 10 por ciento y el grado de inserción laboral de los trabajadores y trabajadoras con discapacidad que reciben formación profesional y continua es en Castilla y León es seis puntos más baja que en el conjunto de España, apenas supera el 30 por ciento.

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