Según la iniciativa socialista, que recoge Europa Press, las condiciones económicas que el grupo público alegaba en 2013 para justificar el despido colectivo no se dan en la actualidad, ya que las pérdidas reales son apenas la mitad de las que se preveían entonces, e incluso 2015 podría haberse cerrado en positivo.
Por eso, instan al Ejecutivo a "manifestar que la ejecución del procedimiento de despido colectivo en el grupo es profundamente perjudicial" tanto para el empleo como para la capacidad del Estado de ejecutar ciertos compromisos de obras y servicios.
DISPOSICIÓN NEGOCIADORA
Además, reclaman que se impida la ejecución del ERE del grupo, de propiedad 100% pública, y exigen que la dirección convoque una mesa de diálogo con los representantes de los trabajadores para poder acordar un nuevo plan empresarial en el que se "incremente la capacidad de producción y empleo" de las compañías.
Los socialistas critican asimismo que, frente a la "voluntad negociadora demostrada" por los trabajadores, la estructura directiva no haya mostrado siquiera una disposición a sumarse al "esfuerzo" que necesitaba el grupo y que durante estos años haya seguido cobrando "cifras astronómicas" en concepto de primas por objetivos.
A principios de febrero, la dirección de Tragsa dio por finalizado el ERE, tras reducir el número de trabajadores afectados en un 58%, hasta las 555 personas, el 5% de la plantilla total. El Tribunal Supremo había autorizado hasta 1.336 despidos al entender que el recorte de personal era ajustado a Derecho dado que concurrían las causas económicas, organizativas y productivas que la Ley establece y que se negoció de buena fe por la empresa.
REUNIÓN CON LOS AFECTADOS
Precisamente este martes, la portavoz socialista de Empleo en el Congreso, Luz Rodríguez, se ha reunido con representantes sindicales de los trabajadores de Tragsa. En declaraciones a los medios, ha explicado que su intención última es conseguir la readmisión de los trabajadores despedidos porque, a su juicio, "no hay causa para extinguir esos contratos".
Y es que no sólo las causas económicas alegadas para el ERE han "empezado a desaparecer" sino que la dirección de la empresa ni siquiera se ha sentado a negociar con los trabajadores y, de hecho, "está contratando empleados con el mismo perfil pero más barato", lo que reafirma su opinión de que "no había causa para despedir".
Por eso, Rodríguez ha reclamado a la ministra de Agricultura en funciones, Isabel García Tejerina, y al presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Ramón Aguirre, que "negocien", recordando que la actual situación de interinidad no es óbice para no tomar una decisión "administrativa, que no política", como la readmisión de unos trabajadores en una empresa pública.
De la misma opinión es el responsable de Política Sectorial y Empleo de Metal, Construcción y Afines de UGT, Manuel García Salgado, quien ha criticado que los responsables de Tragsa dirijan la empresa "como un cortijo privado" y que estén incluso contratando a "familiares de políticos actualmente en el Gobierno".
Además, ha criticado el "cerrajón permanente" de la dirección a la hora de negociar con los representantes sindicales, que tratan de ofrecer "alternativas" a los despidos.
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