Empleo vuelca sus esfuerzos en 'movilizar' a los parados que cobran una prestación

En España hay 6,2 millones de parados. Poco menos de tres millones (2.957.378), algo menos de la mitad de las personas sin empleo, perciben una prestación pública en compensación por esta situación.

Pues bien, si uno toma como referencia el Plan Nacional de Reformas que el Gobierno remitió el pasado martes a Bruselas, que constituye la hoja de ruta de la acción del Ejecutivo para los próximos meses, la conclusión que se extrae es que está mucho más preocupado por el futuro de esos tres millones de perceptores del seguro de paro que por el de los otros tres millones.

Frente a la carencia de medidas específicas para estimular la creación de empleo más allá de la controvertida reforma laboral, algo que se admite incluso desde Moncloa, el Ministerio de Empleo ha impulsado todo un catálogo de iniciativas para, por una parte, garantizar que los perceptores de una prestación cumplen con sus obligaciones en materia de formación y búsqueda activa de empleo, y, por otra, fiscalizar que todo aquel que cobra el paro tenga realmente derecho a hacerlo.

El departamento que dirige Fátima Báñez justifica este celo fiscalizador con datos.

Datos que aseguran, por ejemplo, que el número de infracciones relacionadas con cobros indebidos de prestaciones por desempleo ha aumentado un 38% en lo que va de año, o que lo han hecho un 33% las asociadas a empresas que daban ocupación a perceptores de prestaciones por desempleo.Control total

Pero para el Ministerio de Empleo no es suficiente con estrechar el cerco sobre la percepción irregular de prestaciones por desempleo y ahora se ha embarcado en un nuevo plan para garantizar que los perceptores del seguro del paro cumplan con los compromisos formales que les exige la ley en materia de formación y búsqueda activa de empleo.

En concreto, acreditar una búsqueda activa de empleo y participar en las acciones de mejora de la ocupabilidad que determinen los Servicios Públicos de Empleo.

En realidad, el cumplimiento de estos requisitos se exige de manera formal, ya que los técnicos del antiguo Inem no suelen fiscalizar hasta qué punto es activa la búsqueda de los perceptores y las acciones de mejora de la ocupabilidad que plantean los servicios públicos son marginales.

La posibilidad de recibir una llamada de los Servicios Públicos para un cursillo de formación o para un empleo es estadísticamente casi irrelevante.

Sin embargo, el Ministerio de Empleo está decidido a exigir a los perceptores del seguro del paro el cumplimiento del llamado compromiso de actividad y ha encargado a una empresa privada la revisión del sistema de gestión de las prestaciones por desempleo para, a partir de los patrones que utilizan la Agencia Tributaria o las empresas de seguridad, acreditar que se cumplen esos requisitos.

El objetivo es recopilar toda la información disponible para poder fiscalizar cualquier eventual incumplimiento por parte del perceptor de sus obligaciones de búsqueda activa de empleo o realización efectiva de cursos de formación.

El Gobierno ya ha explorado este camino en la gestión de las ayudas del Plan Prepara, el famoso subsidio de 400 euros, para cuya percepción se exige la acreditación documental de haber remitido una decena de curriculums a distintas empresas o tener dado de alta un perfil en alguna de las webs que ayudan a buscar empleo.

Para ello, Empleo quiere que se utilicen todos los medios al alcance: identificación de posibles fuentes de información complementarias, cruces de bases de datos, optimización de las ya existentes. Un sistema de controles en toda regla.Más ofertas de empleo

Ésta es una de las líneas de actuación: mantener en tensión a los perceptores de una prestación para que se mantengan constantemente activos en la búsqueda de empleo.

La otra, es optimizar en la medida de lo posible la oferta de empleo y la demanda, y para ello se confía en las agencias privadas de colocación.

En su Plan Nacional de Reformas, el Ejecutivo espera que el próximo mes de octubre estén ya en funcionamiento los convenios que permitirán a los servicios regionales de empleo contratar con agencias privadas la colocación de bolsas de desempleados que esperan en vano que les llegue una oportunidad de empleo a través de los servicios públicos.

Empleo reporta a Bruselas su confianza en que este sistema aumente la frecuencia y la efectividad con que se presentan ofertas de empleo a los desempleados que permanecen en los registros del antiguo Inem, y que, por este camino, se incremente la activación de los desempleados.

Es decir, que se mejore la salida hacia el mercado laboral de los desempleados que cobran una prestación, los únicos que tienen ese compromiso de actividad. El objetivo del Gobierno parece claro.