Cientos de funcionarios judiciales cortan la Gran Vía en protesta por su precariedad laboral

Los sindicatos cifran el seguimiento de la huelga de hoy en un 80 por ciento, cifra que rebaja al 38,66 la Comunidad de Madrid MADRID, 17 (EUROPA PRESS) Cientos de funcionarios de la Administración de Justicia de Madrid obligaron este mediodía a cortar la calle Gran Vía, a la altura del número 18, en protesta por la precariedad laboral que denuncian provocada por el incumplimiento del acuerdo firmado por el Ejecutivo autonómico en diciembre de 2007. Los empleados públicos secundaron su segundo día de huelga con una concentración masiva frente a la sede de la Dirección General de Justicia de la Comunidad de Madrid para exigir a su titular, Francisco Granados, la implantación de medidas inmediatas que resuelvan el progresivo deterioro de la Administración de Justicia en la región. Los sindicatos cifraron en un 80 por ciento el seguimiento del paro en la jornada de hoy, mientras que la Consejería de Presidencia y Justicia lo rebajó a un 38,66 por ciento y afirmó a Europa Press que el departamento "sigue trabajando" para llegar a un acuerdo con los huelguistas lo antes posible. La manifestación convocada esta mañana recibió el respaldo mayoritario de los empleados públicos, que coreaban repetidamente: "Ea, ea, ea, la Justicia se cabrea". "Sí al acuerdo, no al colapso judicial. Señor Granados, quien no cumple lo firmado, a la Justicia ha estafado", rezaba una de las pancartas reivindicativas alzadas por los huelguistas. Un amplio dispositivo policial acordonaba el perímetro de la marcha. Los sindicatos acusaron a Granados de engañar a los trabajadores y a la opinión pública por sus "anuncios falsos" de convocar la mesa de negociación. "No vamos a consentir que Granados y el Gobierno regional mienta", aseguró la representante de CC.OO, Felicidad López, quien recordó que el acuerdo incumplido contemplaba mejoras fundamentales para mejorar la administración de Justicia. La portavoz de UGT, Ana García, insistió en que no se trata sólo de una cuestión de dinero, sino que "se lucha por mejorar el servicio público". Por su parte, Alberto García, del sindicato SPAJ, denunció "la inseguridad jurídica creado por el Gobierno regional al incumplir los acuerdos". MÁS DE MIL ACTUACIONES JUDICIALES SUSPENDIDAS La huelga iniciada ayer por los 5.800 empleados públicos de la Administración de Justicia madrileña obligó a suspender 1.200 actuaciones judiciales y 900 juicios en la región. Los sindicatos cifraron el seguimiento del paro ayer en un 81,32 por ciento, mientras que la Consejería que dirige Francisco Granados lo rebajó a un 40,9 por ciento. Motivados por la "inacción" del Gobierno regional para mejorar "el crítico estado" de los tribunales de Madrid, los empleados públicos alternarán quince días de huelga con una semana de trabajo como medida de presión. Aspiran a forzar a la Comunidad de Madrid a implantar medidas inmediatas que frenen el actual deterioro que atraviesan los tribunales de la región. Un 85 por ciento de los juzgados contará durante estos días con servicios mínimos. En el caso de órganos unipersonales, cada juzgado dispondrá de un gestor, un tramitador y un auxiliar. Los Juzgados de Violencia contra la Mujer serán los únicos que cuenten con la plantilla habitual de funcionarios. La convocatoria de huelga, realizada por CC.OO., STAJ y UGT con carácter indefinido, se produce como protesta a las políticas restrictivas que está llevando a cabo el Gobierno regional en materia económica y de personal. A ello se suma el incumplimiento de los acuerdos pactados en diciembre de 2007 por el ex consejero de Justicia Alfredo Prada. El convenio contemplaba un plan de choque para incrementar las plantillas de los Juzgados de lo Penal o el Registro Civil, las sedes judiciales más atascadas de Madrid.