Junta de Jueces de Huesca advierte de que si no se toman medidas reales se adoptarán medidas "de presión" como la huelga

HUESCA, 28 (EUROPA PRESS)

La Junta de Jueces de Huesca ha advertido, tras reunirse hoy, de que si no "se vislumbra iniciativa ni adopción de medidas reales y prácticas" por parte del Ministerio de Justicia, del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y de las Comunidades autónomas para mejorar el funcionamiento de la Administración de Justicia, se estudiará "la adopción de posibles medidas de presión, incluida la realización de huelga para el supuesto de existir una convocatoria en debida forma".

Los jueces oscenses se han referido así a la posibilidad de secundar la convocatoria de huelga convocada para el próximo 26 de junio. Esta movilización persigue exigir una mejora en el funcionamiento de la Administración de Justicia y hoy se ha debatido en las juntas de la práctica totalidad de provincias españolas.

En este caso, la Junta de Jueces de Huesca ha acordado por mayoría una serie de reivindicaciones que consideran "irrenunciables", como el incremento de la planta judicial; la desaparición de juzgados únicos, y la separación de jurisdicciones.

También piden una inversión en Justicia "acorde con la media europea" y la derogación de la instrucción 1/2008 sobre el régimen de sustituciones y en materias de ascenso forzoso, retribuciones, reducción de jornada y guardias.

En referencia a la planta judicial de Huesca, los jueces solicitan la creación, a final de año, de varios órganos judiciales: dos juzgados de Primera Instancia e Instrucción (el número 5 y 6), el juzgado de lo mercantil, el juzgado de lo Penal número 2, y el juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2. Los jueces de Huesca han acordado, igualmente, "elaborar un informe para justificar este aumento de planta judicial".

JUNTAS DE JUECES

En las juntas de jueces celebradas hoy en numerosas provincias españolas, los jueces decanos en cada territorio han informado a los asistentes de los últimos acuerdos alcanzados con el Ejecutivo para reformar la justicia, de los que fueron informados en una reunión celebrada la pasada semana en la sede del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a la que acudieron también el secretario de Estado de Justicia, Juan Carlos Campo, y otros altos cargos del Ministerio.

A esto se une el reciente acuerdo alcanzado por los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados, que han pactado enmendar el Proyecto de Ley de aplicación de la nueva Oficina Judicial. El contenido de estos acuerdos ha provocado que las asociaciones Jueces para la Democracia y Francisco de Vitoria se hayan descolgado de la convocatoria de huelga para el próximo mes.

Estas juntas se celebran tres meses después de que los jueces celebraran su primera huelga en la historia de la democracia y se alzaran contra el entonces ministro de Justicia Mariano Fernández Bermejo.

Entre los puntos del pacto alcanzado en el Congreso para reformar la Justicia está lo relativo al control de la agenda de señalamientos de juicios, que el Anteproyecto de Bermejo atribuía a los secretarios judiciales en detrimento de los jueces, a quienes corresponde hoy en día esta función.

Si se aprueba la reforma pactada, la gestión de la agenda corresponderá a los presidentes de Sala y Sección, que se ocuparán de fijar los días predeterminados para celebraciones de vistas públicas, la hora y el tiempo aproximado de duración de la audiencia. Los secretarios judiciales deberán sujetarse a los criterios de los jueces y establecer la agenda en función de éstos.

Igualmente, el pacto contempla cambios en lo referido a la fe pública judicial, vacaciones y supresión del ascenso forzoso, entre otras cosas.