Justicia y CGPJ acuerdan seguir avanzando en la implantación de la nueva Oficina Judicial.

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MADRID, 23 (EUROPA PRES)

El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, acudió hoy por primera vez a la reunión de la Comisión Mixta Justicia-Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que se celebró en la sede del órgano de gobierno de los jueces, y en la que ambas partes abordaron temas relacionados con la modernización de la Administración de Justicia, como el despliegue de nuevas aplicaciones informáticas y la implantación de la nueva oficina judicial.

El encuentro, en el que Caamaño sólo pudo estar presente a su inicio, fue presidido por éste y por el presidente del CGPJ, Carlos Dívar. A su término, el Consejo emitió una nota en la que ambas instituciones expresan su voluntad de "trabajar conjuntamente para alcanzar el Acuerdo Social por la Justicia, que aborde la ineludible e inaplazable reforma que, en esta materia, demanda la ciudadanía".

A tal efecto, el Consejo y Ministerio colaborarán en la elaboración del Plan Estratégico de Modernización en que se sustenta dicho Acuerdo Social, "cuyos ejes estratégicos coinciden sustancialmente con el Plan de Modernización impulsado por el Consejo General del Poder Judicial", según este órgano.

Destacan igualmente la importancia de que "el resto de Instituciones del Sector Justicia, los profesionales y demás operadores jurídicos que trabajan en el mismo, así como la sociedad civil, se incorporen a este Acuerdo Social sobre la Justicia".

LA HUELGA, TEMA DE LA ÚLTIMA REUNIÓN

El último encuentro de la Comisión Mixta se produjo el 19 de enero, cuando el Ministerio de Justicia estaba dirigido por Mariano Fernández Bermejo.

En aquella reunión, las dos partes analizaron el documento emitido por las principales asociaciones de jueces, que otorgaron un plazo de seis meses al Gobierno para que adoptara una serie de medidas de modernización de la Justicia antes de secundar el próximo 26 de junio una jornada de huelga que una parte de la judicatura adelantó al 18 de febrero. La segunda fecha aún no ha sido desconvocada.

Tras la reunión, Bravo y el entonces secretario de Estado de Justicia, Julio Pérez, consideraron "asumibles" las reivindicaciones planteadas por las asociaciones de jueces y señalaron que la mayoría de ellas ya estaban siendo objeto de estudio.