La Junta de Jueces de Zaragoza abogará por continuar las negociaciones para mejorar la Justicia en vez ir a la huelga

ZARAGOZA, 28 (EUROPA PRESS)

La Junta de Jueces de Zaragoza abogará hoy por continuar las negociaciones para mejorar el funcionamiento de la Administración de Justicia, rechazando así, en principio, la convocatoria de huelga convocada para el próximo 26 de junio.

En declaraciones a los medios de comunicación momentos antes de la reunión, el juez decano de Zaragoza, Ángel Dolado, explicó que, según "la impresión que tengo, vamos a apostar por seguir con las negociaciones" y "para que se vea que seguimos estando expectantes a lo que se decide volveremos a reunirnos en septiembre y en octubre".

Dolado consideró que las asociaciones que han impulsado esta convocatoria de huelga son "las que tienen que pronunciarse" y deberían anunciar el paro, en caso de que finalmente se lleve a cabo, "al menos quince días antes del día 26". No obstante, continuó, "por la impresión que tengo, ninguna de las dos mueve ficha para mantener una convocatoria formal, sino todo lo contrario".

Sobre las negociaciones que se mantienen con el Ministerio de Justicia y su nuevo titular, Francisco Caamaño, que sustituyó en el cargo a Mariano Fernández Bermejo, Dolado aseguró que el cambio en el ministerio "se ha notado, en primer lugar porque la mesa de negociación ahora es una mesa de negociación, en la que están todos los interlocutores, van con papeles y con propuestas que se debaten".

Además, "el tono es de cordialidad, no es ni de prepotencia, ni de soberbia, y todos los que están sentados en las mesas están legitimados para estar ahí, por lo que ha cambiado notablemente el ambiente" en las negociaciones, que ahora tienen "otro cariz", insistió.

En este mismo sentido, afirmó que "hay planes de trabajo concretos, hay datos, y se está apostando muy fuerte" por conseguir modernizar y mejorar la Administración de Justicia, "y están dando una participación muy activa no sólo a las asociaciones, sino a jueces de forma individual, que aportamos ideas para intentar reducir la litigiosidad, porque tenemos un sistema en el que prácticamente todo entra en los juzgados, con lo cara que es la Justicia, y a eso hay que ponerle freno sin duda".

Respecto a la carga de trabajo, "que es el gran caballo de batalla", Dolado valoró que las conversaciones "serán muy beneficiosas para todos" porque "nos haremos responsables de la carga adecuada" y "si un juez tiene que llevar mil asuntos y entran 2.000, desde el 1.001 al 2.000 ya no habrá una responsabilidad directa del juez sino del sistema de la Administración de Justicia en general".

De hecho, ésta es la línea que defiende el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) "cosa que no había hecho nunca" y en estos momentos "los vocales están apostando por crear unos módulos de trabajo adecuados a la carga real que puede soportar un juez", indicó Dolado.

Por otra parte, también se negocian cuestiones como la implantación de las nuevas tecnologías, o "una serie de reivindicaciones de tipo social, de conciliación de vida familiar, de vacaciones de los jueces, que también van por buen puerto".

Por último, "hay un pequeño problema", apuntó Dolado, y es que la propuesta de creación de jueces por año el Ministerio de Justicia "la cifra en 220 a 250, y nosotros en 300, pero no es mucha diferencia", por lo que se podrá llegar a acuerdos.

SEGUNDO JUZGADO DE GUARDIA EN ZARAGOZA

En otro orden de cosas, el juez decano de Zaragoza explicó que el CGPJ ha zanjado el debate sobre la creación de un segundo juzgado de guardia en Zaragoza, que se abrió en la capital con motivo de la Expo y que volvió a cerrarse tras la Muestra Internacional.

El Consejo "lo ha cerrado con un informe en el que se está a la espera de la creación del (juzgado de instrucción) número 13, pero el problema es que no se especifica claramente cuál es la ratio que se tiene que conseguir en esos juzgados de instrucción para tener el número 13".

Esta cuestión "debería aclararse porque si no estamos siempre en que no sabemos qué es lo que hay que hacer", aunque este tema "está cerrado a nivel de Ministerio de Justicia, del Gobierno de Aragón y del CGPJ".

JUNTAS DE JUECES

La Junta de Jueces de Zaragoza, celebrada hoy en la Sala del Decanato, de los Juzgados de la Plaza del Pilar de la capital aragonesa, ha coincidido con las juntas que se celebran en la práctica totalidad de provincias españolas para estudiar la convocatoria de huelga con el fin exigir una mejora en el funcionamiento de la Administración de Justicia.

Durante estos encuentros, los jueces decanos en cada territorio van a informar a los asistentes de los últimos acuerdos alcanzados con el Ejecutivo para reformar la justicia, de los que fueron informados en una reunión celebrada la pasada semana en la sede del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a la que acudieron también el secretario de Estado de Justicia, Juan Carlos Campo, y otros altos cargos del Ministerio.

A esto se une el reciente acuerdo alcanzado por los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados, que han pactado enmendar el Proyecto de Ley de aplicación de la nueva Oficina Judicial. El contenido de estos acuerdos ha provocado que las asociaciones Jueces para la Democracia y Francisco de Vitoria se hayan descolgado de la convocatoria de huelga para el próximo mes.

Estas juntas se celebran tres meses después de que los jueces celebraran su primera huelga en la historia de la democracia y se alzaran contra el entonces ministro de Justicia Mariano Fernández Bermejo.

Entre los puntos del pacto alcanzado en el Congreso para reformar la Justicia está lo relativo al control de la agenda de señalamientos de juicios, que el Anteproyecto de Bermejo atribuía a los secretarios judiciales en detrimento de los jueces, a quienes corresponde hoy en día esta función.

Si se aprueba la reforma pactada, la gestión de la agenda corresponderá a los presidentes de Sala y Sección, que se ocuparán de fijar los días predeterminados para celebraciones de vistas públicas, la hora y el tiempo aproximado de duración de la audiencia. Los secretarios judiciales deberán sujetarse a los criterios de los jueces y establecer la agenda en función de éstos.

Igualmente, el pacto contempla cambios en lo referido a la fe pública judicial, vacaciones y supresión del ascenso forzoso, entre otras cosas.