Los convocantes de la huelga del jueves celebran el sábado una asamblea en Madrid para organizar la protesta

APM y JpD justifican su rechazo a la jornada de paros pero no los descartan en el futuro MADRID, 12 (EUROPA PRESS) Representantes de las asociaciones de jueces Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente, jueces decanos y miembros de los comités de huelga territoriales de toda España se reunirán el próximo sábado en la sede de los juzgados de Instrucción de Madrid (en Plaza de Castilla), para organizar la protesta del próximo 18 de febrero, según anunciaron las asociaciones convocantes en un comunicado. La protesta, para la que el Consejo General del Poder Judicial ha dicho que no existe base legal, coincidirá con otro tipo de actos reivindicativos más moderados (previsiblemente concentraciones a las puertas de los juzgados), a propuesta de las otras dos asociaciones que existen, la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y la progresista Jueces para la Democracia (JpD). Además, la Asociación de Fiscales (AF), mayoritaria en este colectivo, anunció hoy que se sumará el próximo día 18 a los actos convocados por APM y JpD por la "penosa" situación actual de la Justicia y para reclamar un "cambio de actitud" del ministro, Mariano Fernández Bermejo, por considerar "decepcionante" la reunión que mantuvieron con él el pasado 28 de enero para avanzar en la adopción de mejoras. ASOCIACIONES QUE NO QUIEREN HUELGA. Por su parte, la APM recordó hoy mediante un comunicado que sigue apoyando el acuerdo adoptado conjuntamente con las otras asociaciones de jueces el pasado 12 de enero, en el que se acordaron actos reivindicativos para el próximo miércoles y aplazar la huelga, si no se ven avances en las negociaciones con el Ministerio, hasta el 26 de junio. Así, la asociación mayoritaria de jueces explica su apoyo al acuerdo en "los principios de lealtad en los tratos y de fidelidad a la palabra dada", así como en su convencimiento de que "la eventualidad de una huelga, que nadie puede desear como un fin en si mismo, debe ser la medida última de presión a la que recurrir de forma irremediable". Añade que, no obstante, se respetará la decisión de otros jueces y magistrados de secundar los paros "en función de su autonomía personal, libertad individual y actuación en conciencia". Para la AMP, lo importante es impulsar el proceso negociador iniciado con el Ministerio de Justicia el pasado 26 de enero "en la seguridad de que se va a actuar de forma trasparente y visible, con un compromiso firme de defender las reivindicaciones de los jueces, y dando puntual y detallada cuenta de todo cuanto acontezca". Advierten que ello "no supone descartar en el ínterin el recurso a medidas de presión" en el caso de que resulten necesarias "en función de la marcha y resultados que se fueren produciendo en el curso de la negociación". Finalmente, rechazan como fecha para una próxima reunión la víspera de la huelga, el día 17, "por inoportuna a la vista de la convocatoria del día 18 en cuya celebración y resultado, por más que no tome parte, no desea interferir en medida alguna". JPD PIDE UN CAMBIO DE INTERLOCUTOR. JpD, por su parte, hizo hoy públicas las conclusiones del Comité Permanente que celebró el pasado día 5, que consideran a los jueces "constitucional y legalmente legitimados para, en determinadas situaciones, hacer uso del derecho de huelga". Estiman sin embargo que esta medida límite "sólo debería adoptarse una vez agotadas todas las posibilidades de hacer frente de forma negociada a esa extrema situación de deterioro". Pese a ello, Jpd considera hasta ahora ninguna de las administraciones implicadas ha manifestado una disposición real a afrontar de forma negociada los problemas de la administración de Justicia. "Esto debe afirmarse con rotundidad del Gobierno central, que tiene en su mano la posibilidad de ofrecer alternativas reales a la huelga, dando signos inequívocos de una voluntad de llegar a soluciones negociadas con todos los interlocutores". Por ello, la asociación progresista critica la actuación hasta el momento del Ministro de Justicia Mariano Fernández Bermejo, "instando su reprobación, así como el cambio de interlocutor, por haber carecido de la capacidad de diálogo y conciencia del respeto debido al Poder Judicial y demás agentes de la Administración de Justicia". "Una eventual actitud obstruccionista o la falta de voluntad por parte de las administraciones implicadas que pusiera en crisis la iniciativa que se postula, dejará abierta la vía de la huelga como único recurso", advierte, si bien insisten que "en este momento y en estas circunstancias, con una carga de razón y de legitimidad inobjetables".