El PNV quiere que la tarifa social de Telefónica se extienda a los parados

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

El grupo parlamentario del PNV prepara una iniciativa en el Congreso con la que pretende elevar el límite máximo de renta familiar de los pensionistas y jubilados beneficiarios de la tarifa social de Telefónica hasta los 12.000 euros, y ampliar a los parados este descuento del 70% en la cuota de alta de línea y del 95% en la cuota mensual, según informaron fuentes de la formación nacionalista a Europa Press.

La Comisión Delegada de Asuntos Económicos acordó la semana pasada que el umbral de renta familiar para tener derecho al abono social pasa del IPREM a 1,1 veces este indicador para que así se puedan beneficiar hasta 100.000 hogares más con una renta de 6.300 euros anuales, cifra que se ve casi duplicada con la propuesta del PNV.

El PSOE tenía previsto defender esta semana en el Congreso una proposición no de ley con el objeto de que el Pleno de la Cámara avalara la decisión del Gobierno, a la que los nacionalistas vascos presentaron una enmienda que recogía esta idea, pero al final los socialistas optaron por retirar su iniciativa. No obstante el PNV pretende mantener esta reclamación, que será reformulada a través de una iniciativa parlamentaria que próximamente registrará ante la Cámara.

CORRECCIÓN POR EL AUMENTO DE LAS PENSIONES

La Ley General de Telecomunicaciones contempla el establecimiento de sistemas de ayuda directa a los consumidores con rentas bajas o "necesidades sociales especiales". Telefónica, como operador designado para la prestación del servicio universal, ofrece a los pensionistas y jubilados con pensiones mínimas el denominado 'abono social', que supone entre 1,5 y 3 euros bimensuales por tener línea telefónica, llamadas locales y acceso a servicios de emergencia.

Hasta ahora, para poder ser beneficiario de esta tarifa social, es necesario que los ingresos de la unidad familiar no superen la cuantía del Indicador Público de Efectos Múltiples (IPREM), cifrado en 527,24 euros. Pero el incremento de la pensión mínima hasta los 546,55 euros mensuales la ha situado por encima del IPREM , lo que llevó al Gobierno a corregir este límite.