Maestros puertorriqueños harán huelga por aprobación de cambio en pensiones

San Juan, 24 dic.- Los maestros de Puerto Rico anunciaron hoy que se plantean una huelga a partir de enero, cuando se reanuda el curso escolar, para protestar por la reforma de su deficitario sistema de pensiones aprobada el lunes por la noche por el Senado.

Para que la reforma entre en vigor sólo falta la firma del gobernador de Puerro Rico, Alejandro Padilla, después de la aprobación en la cámara alta.

En virtud de la reforma se eleva la edad de jubilación de los maestros, con varias opciones que van entre los 55 y los 62 años, aumentan las aportaciones al fondo de pensiones, se fija una paga mínima de 500 dólares y se elevan los salarios medios, entre otras medidas.

Asimismo, de acuerdo con una enmienda introducida por la Cámara de Representantes y acogida por el Senado, a los maestros activos de 55 años de edad y 30 años de servicio se les garantizará una pensión mínima de 1.625 dólares, frente a los actuales 1.562 dólares.

Los maestros sopesan ahora convocar una huelga a partir del próximo 9 de enero, cuando los alumnos están llamados a retomar las clases tras el receso navideño.

Emilio Torres, del Frente Amplio en Defensa de Sistema del Retiro de Maestros (FARM), indicó que todas las organizaciones que integran la entidad van a preparar un paro del magisterio en enero.

"Todos los maestros quieren la huelga para hacerse oír. Eso es lo que hemos visto a lo largo de este proceso y eso es lo que vamos a hacer en enero", dijo hoy en declaraciones a la prensa.

Sin embargo, el gobernador García Padilla agradeció el lunes por la noche a los legisladores "responsables y valientes que cumplieron con su deber" y votaron a favor de esta reforma, ya que, según dijo en un comunicado, "es un paso transcendental para la estabilidad económica del país y el bienestar de miles de servidores públicos".

El sistema acumula un déficit operativo de 10.251 millones de dólares y sin la reforma recién aprobada habría colapsado en 2020. De hecho, ahora requiere de inyecciones de fondos públicos por 562 millones de dólares anuales.

Esta reforma era reclamada por las grandes agencias de calificación, que amenazan con una inminente revisión a la baja de la nota que confieren a la deuda de Puerto Rico, lo que la dejaría ya a nivel especulativo ("bono basura" o "chatarra").

En la sesión legislativa extraordinaria que se ha celebrado en estos últimos días también se han aprobado leyes para cambiar el sistema de jubilación de la judicatura y para exigir a varias entidades gubernamentales que formalicen sus adelantos y compromisos de pago y reestructurar y refinanciar sus deudas con el Banco Gubernamental de Fomento (BGF).

También se ha acordado establecer en 100 millones de dólares el máximo de préstamos que podrán ser concedidos por el BGF, con el objetivo de fortalecer la liquidez y solidez financiera de este organismo.