Presupuestos 2013: El Gobierno desliga la revalorización de las pensiones del IPC

Llega una nueva reforma de las pensiones. El Gobierno propondrá al Pacto de Toledo, antes de terminar este año, modificar la normativa actual con la vista puesta en dos grandes cambios.

El primero pasa por acercar la edad efectiva de jubilación, que actualmente ronda los 62-63 años, a la legal, que tras la reforma aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero alcanza los 67 años.

Para lograr este objetivo, se va a modificar tanto la regulación de la jubilación parcial como de la anticipada.

La segunda, más polémica y complicada, consistirá en desligar la revalorización de las pensiones del IPC (indicador que intenta recoger el encarecimiento del coste de la vida), según ha confirmado lainformacion.com con fuentes gubernamentales.

La propuesta del Gobierno pasa por introducir nuevos parámetros, bautizados como de sostenibilidad y dirigidos a adaptar las jubilaciones a la realidad socio-económico española.

Por eso, este nuevo indicador tendrá en consideración aspectos como la coyuntura económica, la esperanza de vida, la situación del mercado laboral, o la natalidad.

Ésta es una de las recomendaciones de Bruselas, que desde hace tiempo viene advirtiendo al Ejecutivo español sobre la necesidad de desligar la revalorización de las pensiones del IPC para garantizar la estabilidad del sistema.

De hecho, el disparado desempleo, sumado al rápido envejecimiento de la población (un fenómeno que se debe a la mayor esperanza de vida y a la menor natalidad) ha hecho que, actualmente, ni siquiera haya dos ocupados por cada pensionista.

Esta insostenible situación ha hecho que el Gobierno de Mariano Rajoy se marque como prioritaria la reforma de las pensiones, de ahí que la vaya a llevar al Pacto de Toledo antes de terminar este año.

La celeridad que quiere inyectar a esta nueva normativa también explica que el ministro de Hacienda, Cristóbla Montoro, esquivara ayer aclarar si las pensiones se revalorizarán este año conforme al IPC.

Montoro se limitó a asegurar que a partir de enero los jubilados verán incrementadas sus nóminas en un 1%.

Sin embargo, se resistió a puntualizar si en noviembre, cuando toca revisar las pensiones, se les reconocerá la desviación que ha habido entre la subida del 1% que se les aplicó enero y la inflación.

Por el momento, ésta se sitúa en el 2,7%, con lo que a los pensionistas les correspondería un alza del 1,7%, toda una factura para las arcas públicas, ya que cada décima de desviación son 200 millones.

Dicho de otro modo, adaptar las jubilaciones al coste de la vida supondría un desembolso adicional de 3.400 millones.

Consciente del coste que tiene elevar las pensiones, el Consejo de Ministros también aprobó ayer disponer de 3.000 millones del Fondo de Reserva. Esta cifra es la máxima legal que puede ser dispuesta en cada ejercicio.

No obstante, parece difícil que la reforma de las pensiones esté lista antes de noviembre, y donde sí se mostró tajante ayer Montoro fue en afirmar que se acatará la normativa que haya en vigor en noviembre, que es cuando debe recogerse la desviación respecto al IPC.

Sin embargo, cabe la opción que el Ejecutivo introduzca algún tipo de cambio legal antes, o que como el cargo de dicha revalorización se reparte entre los presupuestos de 2012 y 2013, la parte que corresponda al próximo ejercicio sí se vea afectada por la modificación que llevará el Ejecutivo al Pacto de Toledo.

Todas las opciones están abiertas, y quizás por eso Montoro no quiso (o no pudo) ser más claro.