Solís retira veto a reforma laboral y se distancia de empresarios y oposición

  • El presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, levantó hoy un veto a una reforma laboral que tildó de "histórica" y se distanció así del sector empresarial y la oposición política, que rechazan la iniciativa.

Douglas Marín

San José, 12 dic.- El presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, levantó hoy un veto a una reforma laboral que tildó de "histórica" y se distanció así del sector empresarial y la oposición política, que rechazan la iniciativa.

La reforma fue aprobada de forma unánime en el Congreso en el 2012, incluso por partidos que hoy la rechazan, y semanas después fue vetada por la entonces presidenta Laura Chinchilla (2010-2014), argumentando que legaliza las huelgas en servicios esenciales como salud, seguridad, puertos y aeropuertos, entre otros.

Solís levantó el veto hoy, un día antes de que, según algunas interpretaciones legales, se venciera un plazo reglamentario para que la ley entrara en vigor o fuera reintroducida al Congreso para realizarle cambios.

"Hoy después de siete décadas desde la promulgación del Código de Trabajo que cambió el curso de las relaciones obrero patronales, nos aprestamos a vivir otro momento histórico. Nos proponemos a ponernos al día (con la legislación laboral) con el levantamiento del veto impuesto a la ley", dijo Solís en conferencia de prensa.

El mandatario aseguró que la reforma tiene "grandes contribuciones" como el establecimiento de juicios laborales orales, asistencia legal gratuita para los trabajadores y herramientas contra "despidos abusivos".

"La reforma contribuye a la paz social, pues a partir de mayo de 2016, cuando entre en vigor, se podrán descongestionar los estrados judiciales con la introducción de la oralidad en el proceso y mecanismos de conciliación", expresó.

Según el mandatario, el componente de huelgas en el sector público y privado "no le satisface", pero afirmó que al entrar en vigor dentro de 18 meses los diputados tendrán tiempo para realizarle cambios, aclaraciones o precisiones por medio de otra reforma o vía reglamento.

Los sindicatos y el izquierdista Partido Frente Amplio (FA), principal aliado del Gobierno en el Congreso, aplaudieron la decisión del presidente.

"La Reforma Procesal Laboral es el avance más importante en materia de derechos laborales de los últimos 40 años. El presidente demuestra que Costa Rica quiere seguir caminando por la vía de la seguridad social", dijo el jefe de la fracción legislativa del FA, Gerardo Vargas.

Por su parte, la coalición sindical Patria Justa aseguró que la decisión del mandatario le "lava la cara al país y restaura la imagen" ante la Organización Internacional de Trabajo (OIT).

"Nos embarga una profunda emoción con este acontecimiento histórico. Queremos expresar agradecimiento al presidente porque honró su palabra y ahora mujeres y hombres quedarán protegidos laboralmente", dijo el secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), Albino Vargas.

Por el contrario, los sectores empresariales y los principales partidos de oposición han criticado duramente la decisión del mandatario.

"El sector empresarial en forma unánime rechaza el levantamiento del veto a la reforma laboral", dijo el presidente de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP), Ronald Jiménez.

Los empresarios esperaban que Solís "sopesara el efecto de una huelga en servicios esenciales, que son aquellos que ponen en peligro, la vida y la salud de las personas, y ya vemos que no es así", declaró el empresario.

La UCCAEP aboga por "corregir" la ley para que incluya mecanismos que permitan la contratación de trabajadores temporales que operen los servicios en caso de huelga y establezca sanciones laborales, penales y civiles por el "ejercicio abusivo" del derecho a huelga.

El jefe de la principal fracción legislativa de oposición, el Partido Liberación Nacional (PLN), Juan Luis Jiménez, dijo a los periodistas que el levantamiento del veto es "nefasto" y una "irresponsabilidad" que "lesiona la soberanía y la democracia costarricense".

Solís dijo que emitirá un decreto para prohibir las huelgas en servicios esenciales, mientras los opositores a la ley anunciaron que acudirán a la Sala Constitucional para impugnar el levantamiento del veto.

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