EL DEFENSOR PIDE MENOS TRABAS PARA QUE LOS ARTISTAS COBREN LA JUBILACIÓN

El Defensor del Pueblo ha pedido al Gobierno mayor flexibilidad para que los artistas y creadores cobren la jubilación.
El Defensor informó hoy de que ha dirigido recomendaciones en ese sentido a los ministerios de Empleo y Educación, después de recibir quejas porque la actividad de creación se considera incompatible con la percepción de la pensión cuando genera ingresos anuales superiores al Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Cuando se detecta esta situación se inicia un expediente sancionador con requerimiento del pago de la cotizaciones al régimen de autónomos (RETA).
El Defensor del Pueblo consideró, en un comunicado, que esta incompatibilidad "constituye un desincentivo a la labor creadora y se compagina mal con la previsión del artículo 20 de la Constitución, que reconoce y protege los derechos a la producción y a la creación literaria, artística, científica y técnica".
CONTRIBUCIÓN A LA SOCIEDAD
Para la institución, “la labor de creación no sólo constituye un bien particular del creador, sino que también supone una contribución al conjunto de la sociedad y a su desarrollo cultural”. Por ello, considera que existe un interés en facilitar su continuidad y en no poner en peligro la aportación a la cultura de personas que estén en edad de jubilación y perciban una prestación de ese carácter.
El criterio mantenido por la Administración hace, a juicio del organismo que dirige Soledad Becerril, que los creadores tengan que elegir entre seguir con su actividad o percibir la pensión de jubilación, lo que no resulta razonable. Por eso la institución aboga por que, mientras no se flexibilice la plena compatibilidad, se haga una interpretación de las normas que asegure que los interesados no queden por el hecho de continuar su actividad creadora en una situación económica más desfavorable que si tuvieran dicha actividad pero no generara ingresos superiores al límite del SMI.
El Defensor del Pueblo apunta varias posibles opciones para mejorar la actual situación: detraer las cotizaciones sociales del límite a partir del cual se declara la incompatibilidad, establecer una cantidad mínima de garantía que evite la retirada de la pensión completa o admitir la posibilidad de regularizar la situación a posteriori.