Para haber cobrado esa pensión, el político socialista tendría que haber entregado su acta de parlamentario, pero prefiere seguir en su escaño.
El órgano de gobierno del Congreso dio la semana pasada a López un plazo de quince días para comunicar si quería cobrar la pensión o mantener su acta de diputado. Según han informado a Europa Press fuentes de su entorno, su decisión formal ha sido remitida este jueves a la Mesa, a la que también ha comunicado que acepta el vehículo, la escolta y el asistente que la Cámara pone a disposición de los expresidentes durante cuatro años.
Hasta que fue nombrado presidente del Congreso el pasado 13 de enero, López venía utilizando los servicios de vehículo y escolta que, por motivos de seguridad, el Gobierno vasco presta a quienes han ocupado el cargo de lehendakari. Por eso, ahora sustituirá esos servicios por los mismos a los que tiene derecho por haber ejercido como tercera autoridad del Estado.
López percibía como presidente del Congreso unos 13.750 euros incluyendo la asignación económica como diputado más el complemento como miembro de la Mesa del Congreso, la ayuda por ser parlamentario de fuera de Madrid y el dinero para gastos de representación y de libre disposición, todo ello multiplicado por catorce pagas. En total, una retribución anual superior a los 192.000 euros, la más alta de los altos cargos de la Administración General del Estado.
80% DEL SUELDO DURANTE SIETE MESES
La pensión indemnizatoria para los expresidentes del Congreso está regulada en sendas leyes de Presupuestos: la de 1981 y la de 1986. El artículo 10 de la primera de estas normas fija su cuantía en el 80% del sueldo de la tercera autoridad del Estado y especifica que únicamente podrá cobrarse durante un plazo igual al que hubieran desempeñado el cargo con tope máximo de 24 meses. Es decir, López tenía derecho a recibir por este concepto unos 11.000 euros al mes durante un máximo de siete meses.
Fue la Ley de Presupuestos para 1986 la que estableció, en su disposición adicional quinta, que es la Mesa del Congreso la que debe reconocer a los expresidentes esa pensión, que se percibe desde el mes siguiente al cese.
Además, las indemnizaciones por cesantía de los altos cargos son incompatibles con cualquier otro sueldo de carácter público o privado, en virtud de un decreto aprobado en verano de 2012 por el Gobierno de Mariano Rajoy.
SIGUE LA ESTELA DE POSADA
Semanas después de aquella decisión del Consejo de Ministros, la Mesa del Congreso aprobó por unanimidad la fórmula para aplicar esa nueva norma en la Cámara, por la que la incompatibilidad afecta tanto a la pensión de los expresidentes como a la indemnización por cese a la que tienen derecho los diputados que cumplen determinadas condiciones.
Pero además, la Ley Reguladora del Ejercicio del Alto Cargo, aprobada en 2015, especifica en su artículo 7 que no podrá percibir una pensión indemnizatoria quien ejerza una actividad "pública o privada retribuida aunque se renuncie a su retribución".
Es decir, para cobrar la cesantía, López tendría que haber renunciado a su acta porque no le bastaba con no cobrar su 'sueldo' de diputado. Finalmente, ha optado por no percibir la indemnización y continuar como diputado siguiendo así la estela de su predecesor, el 'popular' Jesús Posada, quien también decidió seguir en el Congreso en la anterior legislatura y no cobrar la indemnización que, en su caso, habría ascendido a unos de 307.200 euros en dos años.
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