Lo ha explicado en respuestas parlamentarias recogidas por Europa Press, en las que ha detallado que los 27.800 expedientes vigentes a fecha de marzo de este año dan cobertura a 40.166 beneficiarios, y que a finales de 2016 había 29.051 titulares, frente a los 29.537 de 2015.
Sobre la RMI, Bassa ha remarcado que ya se han pagado todos los atrasos reclamados entre 2011 y 2016, "y no hay ningún expediente de estos años que esté en situación de suspensión de la prestación económica por motivos administrativos".
El plazo de espera entre la fecha de solicitud inicial y la fecha de resolución del mes en que se produce su primer abono oscila entre los tres y cuatro meses, con un tiempo medio de espera de diez días ente que se aprueba y se recibe la prestación.
CUATRO MESES
La ley que regula la RGC estipula un plazo de cuatro meses para la gestión administrativa de las solicitudes, que podrán presentarse a partir del 15 de septiembre en las oficinas del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC), por lo que los beneficiarios de la RMI serán los primeros en recibirla, junto a los beneficiarios de pensiones no contributivas que cumplan los requisitos, que son la otra excepción.
En caso de no tenerse respuesta --una situación de silencio administrativo-- tendrá que considerarse como que se ha aceptado la solicitud, a diferencia de la RMI, en la que se consideraba denegada la petición, aunque Bassa ha afirmado que el silencio administrativo es una "ficción legal" y no ha habido ninguna denegación por esta razón.
DURACIÓN INDEFINIDA
La nueva prestación tendrá una duración indefinida, mientras se mantengan los requisitos --y con una renovación cada dos años--, mientras que la RMI se extinguía al superar las 60 mensualidades, y las personas que hayan visto terminada esta prestación por esta razón podrán solicitar la RGC.
El año pasado hubo 70 personas que vieron extinguida esta prestación por superar este periodo, frente a las 4.877 que habían superado estas mensualidades en 2011.
Los titulares de la RMI recibirán la RGC en los importes pactados con los promotores de la ILP, que consistirán en un inicio en el 85% del indicador de renta de suficiencia de Catalunya, 564 euros, y se desplegará paulatinamente hasta el 2020 --llegando a 664 euros--.
La Conselleria está trabajando en dimensionar los equipos que tienen que gestionar la nueva prestación, para lo el Govern anunció que se contratarán a 403 personas a 1 de septiembre para llevar a cabo labores asociadas a la gestión de esta prestación, como información y asesoramiento, recepción de demandas y gestión de solicitudes.
CC.OO. de Catalunya ha alertado este miércoles de la precariedad que cree que tendrán los trabajadores que gestionarán esta prestación, ya que serán funcionarios interinos de Programa, fuera de la relación de trabajo, la mayoría con "una jornada parcial, un salario mezquino y unos horarios que podrán llegar a las 21.00 horas", ha considerado el sindicato en un comunicado.
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