La portavoz del Ejecutivo regional, Begoña Martínez Arregui, ha destacado que el objetivo de este convenio es mejorar la colaboración y coordinación entre los Servicios Públicos de Salud de las comunidades autónomas y las entidades gestoras y colaboradoras de la Seguridad Social "para el control eficaz de esta prestación sin generar molestias innecesarias a los trabajadores".
En concreto, el acuerdo contempla dos apartados: un programa de actividades para modernizar la prestación de Incapacidad Temporal, al que se supedita el 60% del crédito, y unos objetivos de racionalización del gasto para cada año, para los que se reserva el 40% restante.
La portavoz ha recordado que el Consejo de Ministros aprobó el pasado mes de agosto este convenio, que afecta a dieciséis comunidades autónomas e INGESA y fija los créditos destinados a financiar dichos acuerdos que, en el caso de La Rioja, asciende a 2.302.821,48 euros para todo el periodo.
Los convenios autorizados incorporan algunas novedades relativas a la distribución de los créditos para la financiación de la mejora de la gestión y del control de los procesos de Incapacidad Temporal.
En concreto, aumenta del 20 al 22 por ciento el porcentaje de crédito destinado a la transmisión telemática de partes médicos de baja, confirmación y alta. La correcta cumplimentación de los partes es clave para que el traslado de la información gane en agilidad y calidad.
Se incrementa también la formación de los médicos de atención primaria para que conozcan las circunstancias que atañen a la Incapacidad Temporal como prestación en la que participan los servicios públicos de salud.
El acceso telemático a las historias clínicas de atención primaria se intensifica. La información de los servicios públicos de salud es básica para que el Instituto Nacional de la Seguridad Social pueda conocer las dolencias de los trabajadores y valorar la recuperación o incapacidad de estos. Además se avanza en la equiparación en el acceso al historial en atención especializada.
También se incrementa la asignación de crédito a la gestión de las propuestas de alta que envían las mutuas colaboradoras a los servicios públicos de salud con el objetivo de que se impliquen en esas valoraciones y se avance en la racionalización del gasto. En ambos casos, la meta es asegurar que el gasto se destina a su objetivo primordial que es proteger adecuadamente a los trabajadores que se encuentran incapacitados para el trabajo.
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