EL CONGRESO INSTA AL GOBIERNO A CAMBIAR LA LEY DE TRÁFICO PARA REDUCIR LA SINIESTRALIDAD

La Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible del Congreso de los Diputados aprobó este miércoles por unanimidad una proposición no de ley que pide al Gobierno modificar la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, y promover cambios legislativos para impulsar el vehículo autónomo y eléctrico, y una movilidad más respetuosa con el medio ambiente, todo ello como medidas para reducir la siniestralidad en las carreteras.
La iniciativa, presentada por Ciudadadanos, que aceptó enmiendas del PP y Esquerra Republicana, contó con 35 votos a favor. El texto indica que el Ejecutivo debe iniciar la reforma tanto la ley de tráfico como de los reglamentos generales de vehículos, conductores y circulación en colaboración con los grupos parlamentarios, mediante una coordinación interministerial y con una comisión bilateral entre la Dirección General de Tráfico (DGT) y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), tras escuchar al Consejo Superior de Tráfico, la sociedad civil y “colectivos inmersos” en la seguridad vial.
Además, apremia al Ejecutivo a promover cambios legislativos para “el impulso del vehículo autónomo y el fomento de la movilidad eléctrica, así como otras tecnologías relacionadas con una movilidad sostenible más respetuosa con el medio ambiente”.
La portavoz de Ciudadanos, Irene Rivera, consideró “muy necesaria” una nueva ley de tráfico porque “la seguridad vial lleva mucho tiempo estancada”, puesto que “prácticamente” no ha descendido la cifra de fallecidos desde 2013, por lo que consideró “un hito” que la Cámara Baja diera luz verde con un consenso a una iniciativa para modificar el marco normativo. Además, abogó por “apostar” por el vehículo autónomo y por afrontar recomendaciones relacionadas con la contaminación en las ciudades.
Marimar Blanco, del PP, destacó que “la seguridad vial es una tarea de todos” y “nunca debe ser un arma arrojadiza” entre las formaciones políticas, sino que tiene que abordarse “como política de Estado”, después del “verdadero drama para muchas familias” del repunte de fallecidos del año pasado.
Luis Carlos Sahuquillo (PSOE) intervino para sumarse a la iniciativa de Ciudadanos porque, según apuntó, “algo hay que hacer” para reducir la siniestralidad en las carreteras. Jorge Luis (Podemos-En Comú Podem-En Marea) criticó que la iniciativa de Ciudadanos suponga “una apropiación” de un acuerdo alcanzado por todos los grupos parlamentarios tras reunirse recientemente con el director general de Tráfico, Gregorio Serrano, a lo que después Rivera aclaró que su proposición no de ley fue presentada antes de esa reunión. Y Joan Olòriz (Esquerra Republicana) precisó que los cambios legislativos deben hacerse sin invasión competencial, puesto que Cataluña tiene transferidas las competencia en materia de tráfico.
EXAMINADORES
Por otro lado, la Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible aprobó por unanimidad una proposición no de ley presentada por el PSOE que pide al Gobierno a habilitar “de forma inmediata” el procedimiento pertinente para que se solvente el déficit en la plantilla de examinadores de tráfico “medicante convocatoria de plazas públicas y potenciando a los profesionales de la DGT que realizan este importante servicio público”.
También dio luz verde, con los votos a favor del PP y la abstención del resto de los grupos, a otra proposición no de ley impulsada por los populares para que el Ejecutivo fomente la formación vial en las empresa como “parte indispensable” de sus programas de seguridad laboral, con especial atención a los desplazamientos ‘in itinere’ (de casa al trabajo y viceversa), y que las organizaciones empresariales incluyan la movilidad sostenible y segura de sus trabajadores en sus políticas de salud laboral y en sus planes de movilidad.
Y también salió adelante, con 34 votos a favor y una abstención de Esquerra Republicana, una proposición no de ley presentada por el PP que pide al Gobierno que mejore la señalización de las carreteras de titularidad estatal con la recogida de información de defectos y proceder a su corrección.