Fiscal mantiene su petición de 7 años para los empresarios acusados de ocultar un accidente laboral

Los peritos afirman que el andamio fue modificado después del accidente y que la empresa negó relación laboral con el fallecido

GRANADA, 19 (EUROPA PRESS)

La Fiscalía de Granada ha mantenido, elevando sus conclusiones a definitivas, su petición de siete años de prisión para cada uno de los dos empresarios, socios de la empresa 'Robles y Santiago S.L', acusados de ocultar el accidente que costó la vida a un trabajador de 20 años, de nacionalidad boliviana, que se encontraba en situación irregular.

La vista, que comenzó ayer en el Juzgado de lo Penal 6 de Granada, continuará hasta la noche, puesto que las acusaciones y las defensas de los seis imputados expondrán a partir de las 20,00 horas sus informes finales, informaron a Europa Press fuentes del caso.

Durante el día de hoy, en el que han declarado algunos trabajadores de la empresa y vecinos del edificio de Maracena donde se estaba construyendo el hueco del ascensor en el que trabajaba el joven boliviano, los peritos --una inspectora de trabajo y un técnico en prevención de riesgos laborales-- confirmaron lo que ya dijo ayer la Guardia Civil, que el andamio fue modificado después del accidente con el posible objetivo de ocultar la falta de medidas de seguridad.

La inspectora, que visitó el lugar del accidente a la mañana después de producirse, el 15 de febrero de 2005, aseguró que uno de los principales acusados, M.R.L., le dijo que el joven "se había subido al andamio para pedir trabajo y que no había relación laboral entre empresa y trabajador".

Asimismo, señaló que el andamio estaba sujeto a la pared de una manera "muy rudimentaria", con unas cuerdas de cáñamo y que las plataformas por donde habrían de moverse los empleados eran la mitad de estrechas de lo que exige la ley. Así, indicó que la plataforma podría haber actuado a modo de palanca y haber provocado la caída del joven Carlos Óscar Romero.

LA OBRA, SIN PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

Según los peritos, la obra no tenía redactado un plan de seguridad y salud laboral, un incumplimiento grave que pudo suponer la consecuencia del accidente. Además, la Inspección de Trabajo expedientó a la empresa en su día al tener empleados extranjeros sin permiso de trabajo, una infracción "muy grave".

La escalera que estaba junto al andamio no era la reglamentaria y tampoco estaba fija a ninguna base, la malla que se colocó supuestamente a posteriori tampoco hubiera evitado la caída del obrero, puesto que era una "mosquitera", y las plataformas de la estructura tampoco habían sido correctamente fijadas, según la Inspección.

Las defensas de los ocho acusados, los dos socios de la empresa encargada de la obra, 'Robles y Santiago S.L.', el arquitecto que redactó el proyecto, el hermano de uno de los empresarios y obrero, la mujer del mismo empresario, y un obrero más, cuñado de otro de los acusados, intentaron a mediodía de hoy alcanzar un acuerdo con las acusaciones, la particular, que ejerce la familia del fallecido, y las populares, de los sindicatos UGT y CCOO, si bien las conversaciones no fructificaron.

Ha sido el segundo intento de lograr una conformidad entre las partes, ya que las defensas quisieron impedir el comienzo del juicio cuando en la mañana de ayer cinco de los seis acusados ingresaron la cantidad de 44.837 euros en concepto de responsabilidad civil para los herederos de la víctima, que se sumaban a los más de 60.000 que ya ha satisfecho la aseguradora.

La Fiscalía solicita para los dos empresarios siete años de cárcel, cinco de inhabilitación y una multa de 10.800 euros para cada uno, por los delitos de homicidio imprudente, riesgo y otro contra el derecho de los trabajadores extranjeros. Para C.R.L. y L.A.P.M. (el arquitecto) pide cuatro años de prisión, cinco de inhabilitación y multa de 6.000 euros por homicidio imprudente y riesgo.

Del delito de encubrimiento considera presuntos autores E.D.L.H. y J.M.M., empleados que supuestamente limpiaron la sangre del fallecido y colocaron tras los hechos las medidas de seguridad con las que no contaba la obra cuando se produjo el siniestro. Para ellos pide el Ministerio Público un año y medio de cárcel. El juicio está previsto que quede hoy visto para sentencia.