ÁLVAREZ (UGT) ADVIERTE QUE EL CETA SUPONDRÁ LA “PÉRDIDA DE MILES DE EMPLEOS”

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, considera que “es necesario fomentar el comercio internacional”, aunque subraya que “no de cualquier forma ni a cualquier precio”, por lo que muestra su rechazo al CETA, el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Canadá.
Así lo explica en una entrada publicada este sábado en su blog, en la que apunta que el CETA, que “lamentablemente” ha sido ratificado esta semana por el Parlamento Europeo, es un tratado que “va mucho más allá del comercio al tratarse de un acuerdo global de liberalización cuyo objetivo es lograr la desregulación sin excepciones”.
“Está pensado por y para los intereses de las empresas sacrificando por el camino una parte esencial de la soberanía del Estado español y del conjunto de la Unión Europea” denuncia.
“La política comercial de Europa debería servir no sólo a sus intereses, también a sus valores”, indicó el líder sindical, quien aseveró que el Parlamento español “debería rechazar el CETA”.
“Sería lo mejor para evitar, en el corto y medio plazo, las consecuencias en forma de pérdida de miles de empleos, y de pérdida de calidad de vida, y promover un replanteamiento integral de la política comercial para adoptar una agenda comercial”, expuso.
Según el responsable sindical, “la liberalización del comercio mundial y la globalización no generan, por sí mismos, beneficios para la mayoría de los ciudadanos”. “Generan acumulación de riqueza para unos pocos”, indica.
UGT aboga, asegura su secretario general, “por un comercio justo, que cree riqueza y progreso por igual para todos, que no sirva a los intereses de las grandes corporaciones y a los esfuerzos de liberalización de la Comisión Europea, sino que beneficie también a los trabajadores, a los consumidores y a la ciudadanía en general”.
Para Álvarez, el CETA tiene que mejorarse, por ejemplo garantizando que los servicios públicos quedan “completamente” excluidos de su ámbito de aplicación y descartando expresamente cualquier interpretación que considere barreras al comercio los estándares sociales, laborales o medioambientales. Además, subraya que ha de establecerse un mecanismo de sanciones legales que castigue las infracciones laborales y medioambientales.