"[La tramitación] se hizo faltando a un principio de buena fe a la hora de estipular que la oposición pudiera plantear aquellas cuestiones que estuvieran sujetas al margen de la ley, en este caso de ciertas directivas europeas, porque pone obstáculos a la participación ciudadana y pone en riesgo la tutela judicial efectiva", dijo Santana.
De esta manera, destacó que los sindicatos piden en la denuncia como medida cautelar que se suspendan estas actuaciones que, una vez publicadas en el Boletín Oficial de Canarias, entrarán en vigor, pudiendo los cabildos plantear por cuestiones singulares turística de la isla actuaciones urbanísticas "al margen de los procesos democráticamente establecidos".
"Esto lo que genera es indefensión a todos los ciudadanos --continuó Santana--. [La denuncia] es sólo una medida más que desde UGT y CCOO estamos tomando anteponiéndonos ya a lo que va a ser la futura Ley del Suelo de Canarias".
Aquí, insistió en que los sindicatos están mandando un mensaje claro al Gobierno de Canarias. "Que es que --matizó--, en tanto en cuanto el 'buenrrollismo' se traduzca en un amplio consenso en todas las materias relacionadas con el desarrollo socioeconómico y el empleo, va a contar con nosotros para discutir cualquier tipo de cuestión que tenga que ver con la vida de la gente".
Por el contrario, aseveró que si el mismo 'buenrrollismo' se traduce en una conversación parcial sobre cuestiones que solamente interesan al Gobierno de Canarias, pues irá teniendo la contestación sindical y social que en cada momento determinen las centrales sindicales.
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