El CES no entiende la "urgencia" de Ley de Participación Ciudadana al exigir reglamentación que aleja el debate social

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 28 (EUROPA PRESS)

El Consejo Económico y Social de Canarias (CES), tras aprobar ayer por unanimidad el Dictamen sobre el Anteproyecto de Ley Canaria de Fomento a la Participación Ciudadana, ha señalado que no se entiende la "urgencia" para dotar a la Comunidad Autónoma de este marco normativo, "enormemente necesitado de desarrollos reglamentarios que se alejan del debate social, y que radicarían exclusivamente en instancias gubernamentales".

El Consejo de Gobierno del Ejecutivo canario decidió el pasado 30 de marzo solicitar dicho dictamen al CES, en el que también se recoge que sin perjuicio del papel asignado a otras instancias para valorar esta iniciativa, el Anteproyecto remitido por el Gobierno de Canarias es "susceptible de mejora" en lo referido a aspectos formales.

En sus conclusiones, el Consejo concede especial relevancia al valor de la participación ciudadana en los procesos de conformación de la voluntad política. No obstante, considera que por la propia eficiencia y el correcto desarrollo del mismo, es "imprescindible" delimitar el papel asignado a las organizaciones empresariales y sindicales más representativas, y a otras instancias, con presencia tanto en el CES como en otros ámbitos de, y para, la concertación de la participación ciudadana sin más.

En relación a este ámbito de participación institucional de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas de Canarias, el CES recordó que ya en marzo de 2005 entró en el Parlamento canario el Proyecto de Ley para su regulación, consecuencia de los acuerdos impulsados por estas organizaciones y el Gobierno en el marco del IV Acuerdo de Concertación Social.

Por todo ello, el CES recomienda "expresamente" que se dote "sin más dilaciones" a la participación institucional de empresarios y sindicatos más representativos de este "necesario" marco legal.

Asimismo, en el dictamen del Consejo se reitera la conveniencia de que la iniciativa presentada por el Gobierno regional, incluya entre sus antecedentes un informe o memoria en torno a los previsibles efectos de la misma sobre el funcionamiento de la libre competencia en los mercados, la libertad de empresa y el bienestar de los consumidores.

Pese a que el Anteproyecto de Ley de Participación Ciudadana no ha entrado aún en el Parlamento de Canarias, el presidente del Gobierno autonómico, Paulino Rivero, anunció durante su discurso de investidura su intención de "traer" a la Cámara legislativa "antes de finales" de 2007 dicha Ley, al considerar como uno de sus principales objetivos de gobierno "conseguir que colectiva e individualmente los ciudadanos participen de la política entendida como algo de lo que todos formamos parte".

Según informó en su día el Gobierno de Canarias en un comunicado, el principal objetivo de esta Ley es promover la participación, individual o colectiva, de los canarios y de aquellas personas que, con independencia de su nacionalidad, residan en la Comunidad en los asuntos públicos, así como el fortalecimientos del tejido asociativo, la implicación ciudadana en la formulación y evaluación de las políticas públicas y el impulso de hábitos participativos entre la ciudadanía.

Además, se recoge que para hacer efectivo el derecho de los canarios a la participación ciudadana, los poderes públicos deberán adecuar sus estructuras administrativas, así como promover la creación de Códigos de Buen Gobierno y elaborar planes anuales o plurianuales de participación estratégica, integrales y sectoriales, con la finalidad de posibilitar la participación de los ciudadanos, de los agentes sociales y económicos en el diseño y evaluación de los proyectos que les afecten. Es objeto, además, del Anteproyecto de Ley, promover la mediación comunitaria, creando espacios de intermediación para la resolución de conflictos.