Los sindicatos reclaman ante el juzgado la subida salarial recogida en el convenio de industrias vinícolas

LOGROÑO, 05 (EUROPA PRESS)

UGT, USO y Comisiones Obreras tienen previsto presentar en el juzgado un conflicto colectivo para reclamar la aplicación del convenio de industrias y vinícolas y alcoholeras de La Rioja, que afecta a cerca de 3.200 trabajadores y más de 120 bodegas en la región.

La decisión es fruto de la negativa de los empresarios a aceptar una subida salarial del 3,8% este año, tal y como proponen los sindicatos. A cambio, responden con un incremento del 1,25% amparándose en la cláusula de revisión salarial del convenio entre 2008 y 2012.

El secretario general de la Federación Agroalimentaria (FTA) de UGT, Ricardo Oliván, y el integrante de USO, Pedro Pablo Bezares, defendieron hoy en rueda de prensa que el 3,8% es resultado de "lo pactado en el convenio", que contemplaba un incremento del IPC previsto, a lo que se añade un 1,8% más.

"Lo escrito está para cumplirse", manifestó Oliván, quien explicó en que los empresarios se amparan en que el Gobierno de España no ha publicado las previsiones de los precios para este año, pese a que el Banco Central Europeo establece un aumento del 2%.

El pronóstico de la institución europea ha sido tenido en cuenta en otras ocasiones para estimar el incremento salarial, según explicaron.

La propuesta de los sindicatos permite que se pague un 2% en 2009 y el 1,8% restante se abone antes del final de 2010.

"Pedimos lo que se negoció en su día y con flexibilidad", recalcó Oliván.

AUSENCIA DE CCOO

Se de la circunstancia de que Comisiones Obreras participará en la presentación del conflicto colectivo, como integrante sindical de la comisión paritaria, pese a mostrar su "rechazo" con la subida planteada por los sindicatos.

Oliván y Bezares explicaron que en el momento de la firma del convenio CCOO se desmarcó por "considerarlo insuficiente", dados los beneficios de las bodegas de Rioja. Sin embargo, ahora muestran su rechazo porque la subida propuesta es "excesiva".

La falta de unidad sindical ha sido aprovechada por los empresarios, según explicaron ambos sindicalistas, que ahora establecen un plazo de dos a tres meses para que el Juzgado de lo Social se pronuncie sobre el aumento salarial que se debe llevar a cabo.