Los sindicatos temen que Empleo excluya de la nueva ayuda a 200.000 parados

  • CCOO y UGT consideran que el principal escollo en la negociación con el Gobierno para fijar la nueva prestación para parados sin protección está en los requisitos para ser beneficiario, y critican que Empleo ponga "filtros" en el universo de adjudicatarios para reducirlo hasta en 200.000 personas.

Madrid, 15 nov.- CCOO y UGT consideran que el principal escollo en la negociación con el Gobierno para fijar la nueva prestación para parados sin protección está en los requisitos para ser beneficiario, y critican que Empleo ponga "filtros" en el universo de adjudicatarios para reducirlo hasta en 200.000 personas.

En declaraciones a Efe, los secretarios de Acción Sindical de CCOO y UGT, Ramón Gorriz y Toni Ferrer, respectivamente, calculan que la cifra de beneficiarios de la nueva prestación rondaría, como mínimo, el medio millón de parados, mientras que, según dicen, para el Ministerio de Empleo el colectivo se situaría en 300.000.

Ambos sindicatos coinciden en que esto se debe a que el Ministerio de Empleo "pone más filtros" y, por ende, entran menos personas.

Ferrer explica que la nueva prestación está destinada a parados de larga duración en situación de necesidad porque ya han acabado todas las ayudas.

Según el secretario de Acción Sindical de UGT, el Ministerio de Empleo exige que para ser beneficiario de la prestación deberán haber pasado doce meses desde el fin de la última ayuda y el cobro de la nueva.

Por contra, los sindicatos mantienen que una persona sin capacidad económica no puede esperar doce meses y subrayan que lógicamente "si hay que esperar un año, el universo de adjudicatarios se reduce".

Además, los sindicatos señalan que dado que la prestación estará íntimamente vinculada al cumplimiento de acciones de formación, esta debería prorrogarse de forma individual si el desempleado precisa de más tiempo para formarse.

CCOO y UGT mantienen más desacuerdos con Empleo ya que mientras el Ministerio pretende que la ayuda sea por un año, los sindicatos demandan que se extienda hasta que la tasa de paro sea inferior al 20 %, y durante dos trimestres consecutivos.

El responsable de Acción Sindical de CCOO lamenta que las "diferencias sean notables" y recuerda que también se está debatiendo la cuantía de la prestación.

En este sentido, explica que los sindicatos tienen una propuesta conjunta que fija la prestación en 426 euros para parados de larga duración sin cargas, es decir, el 80 % del Indicador Público de Rentas con Efectos Múltiples (Iprem).

Para el caso de parados con cargas familiares, la partida alcanza los 480 euros, lo que equivale al 90 % del Iprem.

Górriz informa de que el Gobierno "pone pegas" a estas cifras y baraja una prestaciones más bajas que se sitúan, según dice, en 399 euros en el caso de desempleados sin cargas y de 450 cuando tienen cargas.

Sobre la cuantía de la prestación, el Ministerio de Empleo no aporta datos dado que las cifras no están cerradas y se está en un proceso de negociación.

Los sindicatos admiten que la negociación está "encarrilada" si bien son estas discrepancias las que están haciendo que el acuerdo no se cerrase en octubre, como estaba previsto.

No obstante, cuando se alcance un consenso, la nueva partida entrará en vigor con carácter retroactivo desde el 1 de noviembre.

En cuánto a las políticas de activación para este colectivo que el Gobierno quiere ligar a la prestación, los sindicatos avanzan que se diseñarán "itinerarios" para cada desempleado al objeto de orientarle a reinsertarse en el mercado laboral.

Además se está dibujando con las comunidades autónomas un mapa de prestaciones para ver dónde radican los colectivos que necesitan más ayuda, pero también diferenciar quienes no reciben renta estatal pero pueden estar cobrando una renta autonómica o local.

Otra de las discrepancias de los sindicatos con el Gobierno es que estos exigen más dinero para la nueva prestación mientras que Empleo, según UGT y CCOO, limita la cuantía a los Presupuestos Generales del Estado.

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