La patronal gallega y las cuatro provinciales denuncian el retraso de las ayudas para la prevención de riesgos laborales

La patronal gallega y las cuatro confederaciones provinciales denuncian conjuntamente el retraso de las ayudas para la prevención de riesgos laborales, por la paralización de las convocatorias anuales de la fundación creada a tal efecto bajo el protectorado del Ministerio de Empleo.

Según los empresarios gallegos, el departamento de Fátima Báñez está "dilatando la comunicación" con el fin de "retrasar" la convocatoria de 2016, que se ejecuta en 2017. Para ello, critican, se basa en "la conveniencia de introducir cambios en el sistema".

Así las cosas, la confederación de empresarios de Galicia (CEG) y las organizaciones de A Coruña, Pontevedra, Lugo y Ourense reivindican "el imprescindible papel de los empresarios y los sindicatos en el diseño y ejecución de las acciones y herramientas eficaces para reducir la siniestralidad".

A través de acciones de información, asistencia técnica y promoción del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos, según explican en un comunicado.

"URGENTE"

"Tanto en las reuniones mantenidas con el Ministerio de Empleo y Seguridad Social como en la última reunión del patronato de la Fundación, celebrada el pasado 28 de octubre, se insistió por parte de los representantes de las organizaciones empresariales en la urgente necesidad de avanzar en la elaboración de las bases reguladoras, como paso previo a las convocatorias de acciones, habiéndose comprometido la administración a la convocatoria de un grupo de trabajo para analizar las soluciones para desbloquear estas convocatorias", señala la nota, que remite la confederación pontevedresa.

Esta convocatoria del grupo de trabajo, apunta, fue remitida el miércoles 16 de noviembre a los agentes sociales. "El retraso ha sido percibido como una maniobra previa en el objetivo de apartar a los interlocutores sociales del papel sensibilizador y preventivo que venían ejerciendo", censura.

Las confederaciones dicen sentirse "preocupadas" por esta "pretensión" que, afirman, "puede redundar en el diseño de acciones menos eficaces, con el consiguiente incremento de los riesgos".

Alertan, de este modo, sobre que "el evidente retraso en la convocatoria para el ejercicio 2016 conlleva un perjuicio en la labor que en el ámbito de la seguridad y salud en el trabajo se viene realizando". Además, añaden, "se crea inseguridad en relación al destino de los recursos finalistas".